Justicia decide sobre prisión de Castillo en un Perú en zozobra
La justicia de Perú evalúa este jueves si extiende la detención del expresidente Pedro Castillo, cuyo intento de golpe de Estado desató violentas protestas que llevaron al nuevo gobierno a declarar un estado de emergencia nacional.
Según el Ministerio de Salud, durante las manifestaciones han fallecido al menos ocho personas. Las protestas más fuertes ocurren en el sur del país, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Cerca de 2.000 camiones de carga bolivianos están varados en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia.
"La situación es desesperante (...) Los compañeros chóferes están atrapados en diferentes puntos de bloqueo, ya no se puede transitar", dijo en La Paz el dirigente del sindicato de chóferes de Bolivia, Pedro Quispe.
En Lima, decenas de manifestantes acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, que intentó dar un golpe el 7 de diciembre y cerrar el Congreso.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en "flagrancia" cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Luego fue acusado de rebelión y conspiración.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman "terroristas".
"Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos 'terrucos'. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos", recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
"Nos vamos a quedar hasta que salga. Invoco a que las marchas sean pacificas", dijo Vásquez, de 42 años.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Despliegan un lienzo con la imagen del cacique Tupac Amaru II, con sus extremidades amarradas a cuatro caballos, como cuenta la historia que fue su ejecución tras rebelarse contra los españoles en la colonia.
Pero su rostro ha sido reemplazado por el de Castillo y en lugar de caballos están la fiscalía, el Congreso, la prensa y el poder económico.
- "Nos vamos todos" -
Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite a las Fuerzas Armadas participar en la seguridad interna.
Este jueves, durante una ceremonia en la Fuerza Aérea, Boluarte exhortó al Congreso a aprobar la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2026 al 2023.
"Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos, aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", dijo.
"Pedro Castillo sigue siendo mi presidente, pero ilegalmente lo han vacado. Dina Boluarte no representa nada al país", dijo Irineo Sánchez, un indígena asháninka que lleva una corona con un pequeño craneo incrustado, y que llegó a Lima para sumarse a las protestas.
El Parlamento inició este jueves el debate para adelantar las elecciones generales, lo que requiere de una reforma constitucional.
Mientras tanto, peruanos de todo el país también se congregaban en los alrededores de la céntrica Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas.
"No somos terroristas. El presidente está secuestrado (...) No hay justicia, tienen que cerrar el Congreso", comentó Lucy Carranza, una ama de casa de 41 años.
La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que este jueves llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.
- Hasta 10 años -
El juez supremo Juan Checkley debe decidir este jueves si Castillo permanece en prisión hasta 18 meses, el plazo pedido por la fiscalía.
El magistrado realiza la sesión en forma virtual, sin la presencia del exgobernante, que según el tribunal, se negó a ser notificado. Actuó un defensor de oficio porque los abogados de Castillo también declinaron participar.
El fiscal Alcides Díaz consideró que el exmandatario es "coautor" de un golpe de Estado junto con quienes fueron sus primeros ministros, Betsy Chávez y Aníbal Torres.
Díaz explico que, de ser hallado culpable en un juicio, Castillo podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.
bur-ljc/mav/lbc
AFP
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