Italia abre un frente contra los activistas ecologistas criminalizando las protestas
¿Cortar una carretera para protestar por la inacción contra el cambio climático? El gobierno italiano de Giorgia Meloni pretende asestar un duro golpe a los manifestantes, aunque sean pacíficos, apuntando sobre todo a los activistas ecologistas, cuyas acciones podrían acarrearles penas de prisión.
Un proyecto de ley de seguridad, ya aprobado por los diputados y que debería adoptarse definitivamente en el Senado en unos días, fue bautizado por sus críticos como ley "anti-Gandhi" en honor al héroe pacifista de la independencia india Mahatma Gandhi, por ir dirigida contra manifestaciones de personas que abarcan desde presos a activistas climáticos.
Esta ley está siendo impulsada por la Liga de Matteo Salvini, vice primer ministro italiano, que mantiene una cruzada contra el "terrorismo climático".
"Estamos en julio, hace calor", respondió este verano boreal, mientras Italia sufría de lleno el desajuste de las estaciones y una serie de catástrofes: sequía, olas de calor, subida del nivel del mar, deshielo de los glaciares e inundaciones.
Desde que Giorgia Meloni llegó al poder en octubre de 2022, la jefa del partido postfascista Fratelli d'Italia (FDI) dejó grabadas como leyes importantes marcas ideológicas de su coalición de derecha y extrema derecha.
Se aprobaron reformas contra los menores delincuentes, las oenegés que ayudan a los migrantes en el mar Mediterráneo, las clínicas que practican abortos, el recurso a la maternidad subrogada (GPA) e incluso para modificar el estatuto de los magistrados, de forma que, según los críticos, se debilitó la independencia de la fiscalía.
Respecto a la ley sobre las manifestaciones, el ejecutivo apunta específicamente a los opositores de dos megaproyectos defendidos por Salvini: el tren de alta velocidad Turín-Lyon (Francia) y el puente sobre el estrecho de Mesina que unirá la isla italiana de Sicilia con el continente.
"La gente de bien no tiene nada que temer", declaró Salvini en respuesta a los que critican la reforma, según la cual la ocupación de una carretera fuera del itinerario autorizado durante una manifestación, antes castigada con una multa de entre 1.000 y 4.000 euros, se castigará con penas de hasta dos años de cárcel.
- "Medida liberticida" -
"Nunca nos habíamos enfrentado a un ataque contra la civilización democrática como el lanzado por el gobierno Meloni", declaró a AFP Giuseppe De Marzo, coordinador nacional de "Red de los números pares", que reúne a varios centenares de asociaciones de la sociedad civil.
El partido Movimiento 5 Estrellas (M5S) condenó "una medida profundamente liberticida cuya intención explícita es intimidar y cortar de raíz la disidencia política y social".
El texto sobre las manifestaciones forma parte de un proyecto de ley más amplio sobre seguridad, que prevé, entre otras cosas, facilitar el encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijos menores de un año y una medida contra los carteristas de origen extranjero.
Según el Consejo de Europa, Italia es el sexto país de la Unión Europea con mayor tasa de hacinamiento en las cárceles (109%).
En este contexto, la ley también prevé medidas para sancionar las protestas -incluso pacíficas- de los presos, como un delito de "revuelta en un establecimiento penitenciario", aunque se trate de "resistencia pasiva", es decir, desobedecer una orden.
Como contrapartida al aspecto represivo del texto, se propone que se filmen los interrogatorios policiales. Pero también se propone aumentar las ayudas financieras del Estado a los miembros de las fuerzas del orden implicados en casos de violencia.
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