Investigadores surcoreanos buscan interrogar al presidente Yoon por imposición de ley marcial
LA NACION
SEÚL (AP) — El impugnado presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, desafió el lunes las peticiones de agencias investigadoras de que compareciera para ser interrogado por su breve imposición de ley marcial, mientras la Corte Constitucional comenzaba su primera sesión el lunes sobre el caso de Yoon para decidir si le destituye oficialmente o le reinstaura en el cargo.
Un equipo de investigación conjunto compuesto por la policía, una agencia anticorrupción y el Ministerio de Defensa indicó que quería interrogar a Yoon sobre los cargos de rebelión y abuso de poder en relación con su poco meditado intento de aumentar su control sobre el país.
El equipo intentó entregar un requerimiento el lunes en la oficina o la residencia de Yoon, pero los funcionarios allí lo rechazaron, según la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango.
El investigador de la agencia Son Yeong-jo dijo que el personal de secretaría en la oficina de Yoon dijo que no tenía claro si transmitir el requerimiento formaba parte de sus tareas. Son dijo que su equipo también había enviado el requerimiento por correo a Yoon, pero declinó dar detalles cuando se le preguntó cómo responderían los investigadores si Yoon se negaba a comparecer.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, votó el sábado a favor de llevar a Yoon a juicio político por su decreto de ley marcial del 3 de diciembre. Sus facultades presidenciales quedarán suspendidas hasta que la Corte Constitucional decida si es destituido formalmente del cargo o se le restituye. En caso de una destitución, el país debe celebrar una elección para elegir un sucesor en un plazo de 60 días.
Yoon ha justificado su aplicación de la ley marcial como un acto de gobierno necesario en contra de una oposición a la que calificó como “fuerzas antiestatales” que obstaculizan su agenda, por lo que juró “luchar hasta el final” contra los intentos para retirarlo del cargo.
Cientos de miles de manifestantes han salido a las calles de la capital, Seúl, en los últimos días para exigir la destitución y el arresto de Yoon.
De momento se desconoce si Yoon accederá a la solicitud de los investigadores. La fiscalía surcoreana, que impulsa otra investigación relacionada con el incidente, también habría solicitado que Yoon comparezca para ser interrogado el domingo, a lo que el mandatario se negó. La fiscalía no respondió de inmediato a varias llamadas en busca de comentarios.
El servicio de seguridad de la oficina de Yoon también se ha opuesto a los intentos de la policía de buscar evidencia dentro del complejo.
También el lunes, la Corte Constitucional celebró su primera reunión sobre el caso. El tribunal tiene hasta 180 días para emitir un fallo. Pero los expertos indican que podría hacerlo antes.
En los casos previos de juicios políticos presidenciales —Roh Moo-hyun en 2004 y Park Geun-hye en 2016— el tribunal tardó 63 y 91 días, respectivamente, antes de tomar la decisión de restituir a Roh y destituir a Park.
Kim Hyungdu, juez de la corte, había dicho el lunes a los periodistas que la corte tomaría una decisión “con rapidez y con justicia”. La reunión del lunes pretendía comentar los procedimientos preliminares y cómo organizar los alegatos en juicios formales, señaló.
El vocero judicial Lee Jean dijo más tarde que la primera vista previa al juicio se había fijado para el 27 de diciembre.
La destitución de Yoon requiere el apoyo de al menos seis de los nueves jueces del tribunal, pero en este momento hay tres plazas vacantes. Eso implica que hace falta un fallo unánime de los seis jueces actuales a favor de destituir a Yoon para poner fin a su presidencia. Kim dijo que esperaba que los tres puestos vacantes estuvieran cubiertos a final de este mes.
El primer ministro, Han Duck-soo, quien servirá como gobernante interino durante la suspensión de poderes de Yoon, y otros funcionarios del gobierno han tratado de tranquilizar a sus aliados y a los mercados después de que la sorpresiva maniobra de Yoon paralizó la política, detuvo la diplomacia de alto nivel y complicó los esfuerzos por reactivar una economía renqueante.
El líder de la oposición, Lee Jae-myung, cuyo Partido Democrático tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, instó a la Corte Constitucional a pronunciarse lo más pronto posible sobre la destitución de Yoon y propuso la creación de un consejo especial para la cooperación política entre el gobierno y el parlamento.
Lee, un combativo legislador que durante años encabezó una ofensiva política contra el gobierno de Yoon, es considerado como el favorito para tomar su lugar. Perdió las elecciones presidenciales de 2022 ante Yoon por un margen muy estrecho.
La aprobación de la moción para iniciar el juicio político de Yoon, que fue respaldada en el Parlamento por algunos de los legisladores del gobernante Partido del Poder Popular, ha creado una profunda brecha dentro del partido entre los leales a Yoon y sus oponentes. El lunes, el presidente del PPP, Han Dong-hun, un fuerte crítico de la ley marcial de Yoon, anunció su dimisión.
“Si la ley marcial no se hubiera levantado esa noche, podría haber estallado un incidente sangriento esa mañana entre los ciudadanos que habían salido a las calles y nuestros jóvenes soldados”, dijo Han en una conferencia de prensa.
La imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre, la primera de su tipo en más de cuatro décadas, se remonta a una era de líderes autoritarios que el país no había visto desde la década de 1980. Yoon se vio obligado a levantar su decreto horas más tarde, luego que el Parlamento votara unánimemente para revocarlo.
Yoon envió cientos de tropas y policías al Parlamento en un esfuerzo por detener la votación, pero se retiraron después que el Parlamento rechazó el decreto de Yoon. No se produjeron actos de violencia importantes.
Los partidos de oposición han acusado a Yoon de rebelión, aseverando que un presidente en Corea del Sur puede declarar la ley marcial sólo durante tiempos de guerra o emergencias similares y que no tendría derecho a suspender las operaciones del Parlamento ni siquiera en esos casos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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