HRW exige al Gobierno de Polonia que retire los cargos contra una activista acusada de ayudar a abortar
LA NACION
La ONG Human Right Watch (HRW) ha exigido este miércoles al Ministerio de Justicia de Polonia que retire los cargos contra la activista por el derecho al aborto Justyna Wydrzynska, que ha sido acusada de haber colaborado para facilitar un aborto a una mujer que tenía una relación abusiva.
En el que se considera el primer enjuiciamiento conocido en Europa de un activista del aborto por supuestamente proporcionar píldoras abortivas, la organización ha pedido a la Justicia polaca que deje de "atacar a los defensores de los derechos reproductivos", empezando por retirar los cargos contra la activista.
"Llevar a juicio a una activista por los derechos de la mujer acusada de ayudar a una víctima de violencia doméstica muestra cuán lejos llegará el Gobierno de Polonia en su cruzada para impedir que las mujeres y las niñas ejerzan sus derechos reproductivos", ha asegurado la investigadores de derechos de la mujer de HRW Hillary Margolis en un comunicado.
Margolis ha sostenido que ante el juicio podría enfrentarse "cualquiera", y ha subrayado que "nadie debería correr el riesgo de ser acusado de un delito por ayudar a las mujeres a obtener atención médica esencial".
La primera audiencia fechada para el 8 de abril se pospuso porque los principales testigos de cargo no se presentaron. Esto incluía al esposo de la sobreviviente de violencia doméstica, quien había informado a la Policía sobre la intención de su esposa de interrumpir su embarazo, según ha detallado la ONG.
La mujer embarazada, supuestamente, se había puesto en contacto con Wydrzynska a principios de 2020 diciendo que no podía viajar fuera de Polonia para abortar debido al comportamiento controlador y abusivo de su esposo, lo que finalmente llevó a la activista a suministrarle medicamentos sin autorización.
En la audiencia del 8 de abril, se prohibió el ingreso a la sala del tribunal a representantes de grupos de Derechos Humanos. Por el contrario, el juez permitió que la organización ultraconservadora Ordo Iuris se uniera a la acusación como "parte de interés social" para defender los supuestos derechos del feto.
En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que el aborto por "defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto" es inconstitucional, eliminando virtualmente el aborto legal en el país.
Antes de esta sentencia, más del 90 por ciento de los aproximadamente 1000 abortos legales que se realizaban anualmente en Polonia tenían este motivo, según HRW. En cambio, el aborto ahora solo está permitido para salvaguardar la vida o la salud de una mujer o si el embarazo es el resultado de un delito, como una violación o un incesto.
La ONG ha recordado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto con medicamentos es un método seguro, no invasivo, que se puede autogestionar hasta la duodécima semana de embarazo. Los medicamentos recomendados para el aborto con medicamentos están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS.
Por otra parte, HRW ha asegurado que "la evidencia demuestra consistentemente que las leyes que restringen o penalizan el aborto no lo eliminan , sino que impulsan a las personas a buscar el aborto a través de medios que pueden poner en riesgo su salud mental y física y disminuir su autonomía y dignidad".
"Enjuiciar a Wydrzynska es otro intento cínico y despiadado de las autoridades polacas de cortar todas las vías hacia la atención segura del aborto a través del alarmismo (...) El Gobierno debería usar sus recursos para garantizar que todos en Polonia puedan obtener la atención de salud sexual y reproductiva que necesitan", ha agregado Margolis.
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