Guatemala celebra elecciones este domingo entre el descontento generalizado y la sombra del fraude
Entre los tres principales aspirantes está la hija del dictador Efraín Ríos Montt
Las elecciones están marcadas por la destitución del favorito en las encuestas, el conservador Carlos Pineda
MADRID, 24 Jun. 2023 (Europa Press) -
Guatemala acude a las urnas este domingo 25 de junio en medio del malestar con las élites y la clase política de una ciudadanía que ha visto como las instituciones bloqueaban algunas de las candidaturas que podrían haber cuestionado la supervivencia de un sistema para muchos amañados.
Entre una veintena de propuestas, los guatemaltecos tendrán que elegir a su nuevo presidente, aunque son tres quienes acaparan mayor número de votos, según los últimos sondeos. Se trata de Sandra Torres, Zury Ríos y Edmond Mulet, todos maniobrando desde la derecha y posiciones muy conservadoras.
Desde 1985, año en el que se instauró la democracia, Guatemala ha estado votando sistemáticamente en contra del gobierno de turno, lo que ha provocado que nunca el oficialismo haya revalidado mandato. En esta ocasión, la propuesta de Manuel Conde por Vamos ni siquiera alcanzaría la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto.
Los resultados de la última encuesta del diario 'Prensa Libre' sostiene que la que fuera primera dama del país, Sandra Torres, bajo el paraguas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el diplomático de carrera Edmond Mulet por el partido Cabal se disputarían la Presidencia en segunda vuelta.
Los tres favoritos
El apellido Ríos no pasa desapercibido en la política guatemalteca. La candidata, que se presenta por cuarta vez, es hija del general Efraín Ríos Montt, golpista y dictador, que murió sin ser declarado culpable por genocidio y delitos de lesa humanidad después de que el Constitucional anulara su condena de 80 años.
Ríos (55 años), una "cristiana devota", como ella misma se denomina y que tiene a su padre como guía espiritual, ha presentado un programa basado en políticas de seguridad férreas, al más puro estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de quien se reconoce admiradora, y de defensa de los valores tradicionales.
La otra candidata con aspiraciones reales de convertirse en la primera mujer en presidir Guatemala es Sandra Torres (67 años), exmujer del expresidente Álvaro Colom, de quien se divorció para poder presentarse a las elecciones de 2011, aunque el Tribunal Constitucional anuló su candidatura al entender que hubo fraude.
Posteriormente lo ha intentado en dos ocasiones más, la última en 2019, perdiendo en segunda vuelta contra el presidente, Alejandro Giammattei, quien, tal y como prometió en campaña, ordenó investigar a Torres por supuesta financiación irregular en 2015. Estuvo bajo arresto domiciliario unos meses antes de que la Justicia archivara el caso en 2022 por falta de pruebas.
Conocida durante su etapa como primera dama por sus programas de ayuda solidaria, ha prometido bajar los impuestos de los productos básicos e impulsar políticas sociales, además también de mano dura contra el crimen.
El tercero en liza es Edmond Mulet (72 años), diplomático de extensa carrera que acude a la cita por segunda vez, tras quedar tercero en 2019. Entre sus propuestas están las de modernizar el Estado, luchar contra la inseguridad, bajar el precio de los medicamentos, o invertir en educación.
Al igual que Torres, también ha tenido problemas con la Justicia. En la década de los 80 fue investigado por su supuesta implicación en una trama de adopciones ilegales a parejas canadienses, pero quedó libre por falta de pruebas.
Ninguno de los candidatos ha mostrado su apoyo público a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas, que desde que se puso en marcha en 2007 ha sido objetivo de las autoridades, que la acusan de violar la soberanía nacional. Antes de cerrar en 2019, dirigió la acusación del expresidente Otto Pérez Molina, en la cárcel desde 2015 por delitos de corrupción.
Contexto de descontento y persecución
Estas elecciones tienen lugar en un momento en el que la ya de por sí maltrecha democracia guatemalteca no pasa por un buen momento, en medio además de una actual administración, la de Giammattei, a la que se ha censurado la persecución que ha llevado a cabo contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupción.
Un amplio sector de la sociedad --el 45 por ciento no votaría por ningún candidato, según encuestas-- considera que las élites siguen maniobrando para que no cambie nada. Una sensación afianzada después de que la candidatura del favorito, el empresario conservador Carlos Pineda, fuera anulada por el Constitucional.
Antes que Pineda, el Constitucional hizo lo mismo con Roberto Arzú --hijo del expresidente Álvaro Arzú-- y con una de las pocas fuerzas de izquierda con cierto peso, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de la líder indígena Thelma Cabrera, cuarta opción entre los electores en 2019.
Este amplio desencantó tiene raíces profundas. Se trata del país más poblado y desigual del hemisferio y con el índice de recaudación de impuestos más bajo, solo el 12 por ciento del PIB. Desde 2020, el 59 por ciento de su gente vive en la pobreza, unas cifras que alcanzan el 80 por ciento entre los indígenas. Todo ello hace de los guatemaltecos parte importante de las caravanas de migrantes que cruzan la región rumbo a Estados Unidos.
Otra de las razones de esta decepción que empaña la vida del país es la persecución judicial contra jueces y fiscales, notoria internacionalmente después de que Estados Unidos incluyera en una de sus listas del Departamento de Estado a la procuradora general, Consuelo Porras, por sus prácticas corruptas y antidemocráticas, las cuales también se aplican contra la prensa.
Una veintena de periodistas han tenido que salir de país, o bien han sido encarcelados. Uno de los casos más llamativos es el de Rubén Zamora, director de 'El Periódico', el diario de investigación más prestigioso, que ha cerrado, mientras que él ha sido condenado a seis años de cárcel.
Además de presidente y vicepresidente, se eligen también 140 diputados del Congreso unicameral, asó como otros 4.000 cargos públicos, lo que hace de esta cita, las mayores elecciones de la historia del país centroamericano. Sin embargo, la sombra de la desconfianza en las instituciones y la clase política presagia una baja participación, como ha venido siendo tónica general en anteriores comicios.
Europa Press
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