Gobierno de El Salvador dice que "no conoce" el supuesto espionaje a periodistas "patrocinado por el Estado"
El vicepresidente de El Salvador, Víctor Ulloa, ha asegurado este jueves que "no conoce" el supuesto espionaje "patrocinado por el Estado" que periodistas, líderes sociales y políticos opositores han denunciado recientemente.
"Pues no sé qué decirte porque no conozco el caso, he estado fuera", ha respondido Ulloa a una pregunta de la prensa, según ha recogido el diario salvadoreño 'El Mundo'. "No sé, es que no te puedo afirmar algo que no conozco", ha insistido.
Momentos después, al escuchar que algunos diputados de Nuevas Ideas --el partido del presidente, Nayib Bukele-- también recibieron estas alertas, ha señalado que sí había escuchado "que había habido varios mensajes que habían mandado", pero ha reiterado que "no ha visto el mensaje" y que no sabe "qué dice".
Más de una docena de periodistas del medio digital El Faro, dos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y dos políticos opositores de El Salvador han denunciado haber recibido advertencias sobre un posible espionaje de "atacantes patrocinados por el Estado".
La compañía de tecnología Apple envió un correo electrónico a este grupo de personas alertándoles de "un posible espionaje" por parte de "atacantes patrocinados por el Estado" que podrían "comprometer de forma" su teléfono móvil "debido a quién son o qué hacen".
Apple envió los mensajes como parte de una campaña puesta en marcha tras anunciar una denuncia contra la empresa israelí creadora del software de espionaje Pegasus.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, saltó al centro de la polémica cuando el pasado mes de agosto una investigación del diario 'The Washington Post' reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.
El software Pegasus de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.
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