Gobernador opositor es encarcelado por 4 meses y desata protestas en región de Bolivia
El gobernador del departamento de Santa Cruz, el influyente opositor Luis Fernando Camacho, fue encarcelado este viernes por cuatro meses acusado de "terrorismo", en un caso relacionado al salida del presidente Evo Morales en 2019, lo que desató en su región choques callejeros violentos entre civiles y policías.
El juez Sergio Pacheco dispuso "la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho Vaca" que "deberá cumplirla por el plazo de cuatro meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro", un penal de máxima seguridad en La Paz.
La Fiscalía había solicitado seis meses de cárcel, con el argumento de que había riesgo de fuga. La audiencia comenzó el jueves y se prolongó hasta la madrugada de este viernes.
Durante la audiencia, que se realizó a través de una plataforma de Internet, Camacho, un abogado y empresario de 43 años, declaró: "Nunca me voy a rendir".
El líder opositor llamó a los bolivianos a evitar que "el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba", en alusión al partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). La Paz, Caracas y La Habana son aliados políticos con administraciones de izquierda.
Luego de la audiencia, el gobernador fue traslado con un fuerte dispositivo de seguridad de un recinto policial hasta la cárcel de Chonchocoro, en la pampa de los Andes bolivianos, en el oeste de La Paz, según imágenes difundidas en la televisión.
Detenido el miércoles, Camacho fue pieza importante en impulsar la renuncia de Morales a la presidencia a fines de 2019 en medio de violentas manifestaciones, mientras el oficialismo y la Fiscalía actual aseguran que él y otros opositores impulsaron un "golpe de Estado".
Los opositores acusaron a Morales, que estaba en el poder desde 2006, de presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2019.
Camacho dirige, además, el partido Creemos, la tercera fuerza política en el Parlamento, detrás del oficialista MAS y el centrista Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
- Choques callejeros -
En la ciudad de Santa Cruz, capital económica del país y de casi 2 millones de habitantes, comenzaron a registrarse desde la mañana bloqueos de calles y avenidas, para exigir que su gobernador sea liberado.
Carmen Áñez, abogada de profesión, dijo en una calle de la ciudad a la AFP que "con lo que se lo han llevado a Camacho, de la manera tan grosera como lo han hecho y ahora ya lo han llevado hasta Chonchocoro, la libertad se está perdiendo".
En la tarde se desataron violentas protestas en varios barrios de Santa Cruz, con el corte de calles y avenidas e incluso con la quema de algunas oficinas del organismo estatal Impuestos Nacionales.
Luego varias centenas de jóvenes rodearon el comando departamental de la Policía, en el centro de la ciudad, atacándolo con piedras y petardos, constató un reportero de la AFP.
Los uniformados respondieron con el uso generalizado de gases lacrimógenos y al menos cuatro civiles fueron detenidos, según los primeros informes.
Además, tres automotores que estaban en la calle resultaron quemados hasta quedar como chatarras.
Un periodista del canal de televisión Unitel resultó herido, según imágenes de su canal.
- Preocupación de Guterres y expresidentes -
Florencia Soto Niño-Martínez, portavoz adjunta del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó en un comunicado que él "está preocupado por los acontecimientos recientes en Bolivia".
El exmandatario centrista boliviano Carlos Mesa informó que 25 expresidentes de América y España emitieron un comunicado, en el que "condenamos la persecución política de [el presidente izquierdista] Luis Arce a los opositores".
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia sostuvo en un comunicado que la detención "vulnera las leyes [y] los derechos humanos" y que, además, "ha traído a la memoria colectiva los duros tiempos de dictaduras militares que se creían vencidas para siempre".
La Iglesia católica, que también fue pieza clave en la pacificación de Bolivia tras la transición del gobierno de Morales al de Jeanine Áñez a fines de 2019, señaló que "nunca existió" el golpe de Estado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el proceso contra el gobernador derechista y aseguró que se cumplieron todos los trámites procesales.
Jac/ll/llu
AFP
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