Fiscalía mexicana revela fallas y omisiones en investigación de finca del crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades estatales incurrieron en cuantiosas fallas al intervenir en septiembre un predio donde seis meses después un colectivo de buscadores de desaparecidos localizó numerosos restos óseos calcinados, reveló el miércoles la fiscalía federal de México.

Deficiencias en el registro de cientos de objetos, la ausencia de inspecciones y del rastreo de indicios y huellas, y la no preservación de las evidencias y el recinto son algunas de las faltas cometidas, informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El fiscal presentó un primer balance sobre las gestiones que ha realizado el Ministerio Público desde la semana pasada cuando asumió las investigaciones del controversial caso del “Rancho Izaguirre”, ubicado en estado occidental de Jalisco, que ha puesto en tela de juicio los procesos que siguen las autoridades mexicanas en las investigaciones.

Gertz Manero reconoció en conferencia de prensa que “no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar”, que tiene una extensión de cerca de una hectárea, y “no se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado”, que ya superan los 1.300 objetos.

Asimismo, el fiscal descató que a seis meses de la intervención del predio la Fiscalía de Jalisco no ha ofrecido un dictamen definitivo sobre la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, ni los análisis físicos y químicos que vinculen las diversas zanjas localizadas en el lugar “con la posibilidad de actividades crematorias".

Pese a la insistencia de la prensa, Gertz Manero se abstuvo de reconocer que en el predio operara un “centro de exterminio” o de reclutamiento del crimen organizado, ni mencionó alguna cifra de personas que pudieron ser asesinadas en el lugar.

El fiscal general también cuestionó el actuar de los fiscales de Jalisco por no establecer “los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región", a pesar de que diversas personas secuestradas lo declararon, y reconoció que ya están detenidos tres elementos de la policía del municipio occidental de Tala, entre ellos el jefe del cuerpo por supuestas actividades irregulares.

Tras la fuerte polémica que desató el caso, la Fiscalía de Jalisco informó la semana pasada en un comunicado que fueron hallados “seis lotes óseos” en cuatro espacios de un terreno ubicado en el municipio de Teuchitlán, y se encontró un “área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico”, así como pertenencias de víctimas y personas que pudieron estar involucradas en actividades ilícitas.

La Fiscalía de Jalisco reconoció que la Guardia Nacional descubrió el “Rancho Izaguirre” el pasado 18 de septiembre durante un operativo en el que se apresaron a diez personas, se liberaron a dos detenidos y se encontró un cadáver cubierto con plástico.

Un día después, la Fiscalía estatal inició las primeras búsquedas en el lugar con el apoyo de una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y perros, pero luego las investigaciones no se avanzaron. Hasta la fecha no se ha ofrecido una explicación de por qué el proceso se paralizó.

El caso se reavivó el pasado 5 de marzo luego de que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —conformado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidos— informó que habían encontrado en el “Rancho Izaguirre” numerosos restos calcinados que estaban bajo capas de ladrillo y tierra, y más de 200 de zapatos, pantalones y otros objetos personales.

Ante las evidencias que arrojan las primeras investigaciones, Gertz Manero dijo que se va analizar la actuación de los funcionarios para deslindar las responsabilidades y establecer "si (se) cometió alguna irregularidad, después su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando”.

Esta es la segunda vez en lo que va de administración de Claudia Sheinbaum —que comenzó en octubre— que la fiscalía federal informa de serias irregularidades de fiscalías locales. La primera fue la de Sinaloa tras la detención de dos importantes narcotraficantes en Texas en julio de 2024.

Tras las protestas callejeras que se registraron el pasado fin de semana en la capital mexicana y diferentes ciudades del país en rechazo a los hallazgos de la finca de Jalisco, Sheinbaum anunció el lunes que se activaría nuevos protocolos de búsqueda, de registros únicos para denunciar las desapariciones y una mayor coordinación entre las fiscalías.

Los hallazgos que se han hecho en el “Rancho Izaguirre” han acrecentado las preocupaciones de muchos mexicanos que buscan a sus familiares desaparecidos y que temen que pudieron ser llevados a ese lugar para darles muerte.

México acumula hasta la fecha casi 125.000 desaparecidos que reflejan una crisis humanitaria de grandes dimensiones que por décadas ha golpeado al país.

Pese a la gravedad del problema, en México la búsqueda de muchos desaparecidos descansa sobre los hombros de sus familiares que con escasos recursos y sin protección de las autoridades se adentran en regiones controladas por la delincuencia para buscar a sus seres queridos.

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