Expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado a la CPI

El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) tras su llegada a Países Bajos, anunció el tribunal, que había emitido  una orden de arresto contra el exmandatario por presuntos crímenes durante su campaña contra el narcotráfico.

El exgobernante, de 79 años, fue acusado por la CPI, con sede en La Haya, de "crimen contra la humanidad" durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con las drogas.

"Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad", declaró Duterte en un video compartido en un perfil suyo en redes sociales y en el de un colaborador cercano, tras llegar a la corte.

Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, apuntó que el arresto de Duterte es "importante" para las víctimas.

Se espera que su primera comparecencia ante la CPI, que juzga los peores crímenes, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, se produzca en los próximos días.

Gilbert Andres, abogado de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, dijo a AFP, delante de la CPI, que sus clientes están "muy agradecidos con Dios porque sus plegarias fueron escuchadas".

"El arresto de Rodrigo Duterte es una señal fuerte para la justicia penal internacional. Significa que nadie está por encima de la ley", agregó Andres.

Decenas de simpatizantes del exmandatario se congregaron delante de la corte, con pancartas que rezaban "Estamos con Duterte" y ondeando banderas.

"No hay ningún proceso regular", afirmó Duds Quibin, un auxiliar sanitario de 50 años. "Es un secuestro. Simplemente, lo metieron en un avión y lo trajeron aquí", añadió.

El miércoles por la mañana, abogados de Duterte presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Filipinas, en representación de su hija menor, Veronica, en el que acusan al gobierno de "secuestrar" al exmandatario y exigen su regreso al país asiático.

No obstante, abogados de Duterte presentaron la mañana del miércoles un recurso ante la Corte Suprema, en representación de su hija menor, Veronica, en el que acusan al gobierno de "secuestrar" al exmandatario y exigen su regreso al país asiático.

"La CPI solo puede ejercer su jurisdicción si el sistema legal de un país no funciona", declaró a periodistas el abogado Salvador Paolo Panelo Jr, quien insistió en que el poder judicial filipino "funciona adecuadamente".

Pero la portavoz de la presidencia, Claire Castro, afirmó que la cooperación con Interpol es prerrogativa del gobierno.

"No se trata solo de entregar a un ciudadano filipino, se trata de entregar a un ciudadano filipino que está acusado de crímenes contra la humanidad, específicamente de asesinato", declaró.

- Guerra sangrienta -

En Filipinas, en una iglesia cercana a Manila, personas con familiares muertos en la guerra contra las drogas discutían el arresto.

"Duterte tiene suerte, tendrá un debido proceso", expresó Emily Soriano en una conferencia de prensa organizada por grupos de derechos humanos.

"No hubo debido proceso para mi hijo (Angelito). Él (Duterte) estará acostado en una cama buena, mi hijo se está pudriendo en un cementerio", reclamó.

Duterte fue detenido la mañana del martes luego de que "Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI", indicó el palacio presidencial.

Un portavoz de la CPI confirmó posteriormente la orden y dijo que se programaría una audiencia cuando Duterte esté bajo custodia del tribunal.

El presidente Ferdinand Marcos anunció la partida de su antecesor la noche del martes.

Pero la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, aseguró su padre estaba siendo "llevado por la fuerza a La Haya", y calificó su traslado como "opresión y persecución".

Simpatizantes del exgobernante consideraron que el arresto fue "ilegal", mientras los adversarios de su guerra contra las drogas lo celebraron.

"Las mujeres cuyos esposos e hijos murieron por la guerra contra las drogas están muy felices", aseguró Rubilyn Litato, dirigente de un grupo de madres de víctimas de la represión. "Han esperado mucho tiempo por esto", agregó.

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