El presidente de Túnez cesa a cerca de 60 jueces por supuesta corrupción y protección a terroristas
El presidente de Túnez, Kais Saied, ha anunciado el cese de cerca de 60 jueces a los que acusa de estar implicados en casos de corrupción e incluso de dar protección a sospechosos de terrorismo, en el marco de las medidas adoptadas desde que en julio de 2021 disolvió el Gobierno y suspendió el Parlamento para arrogarse todas las competencias.
Saied ha manifestado que estos jueces, entre los que figura Yusef Buzaker, expresidente del Consejo Judicial Supremo, han dado muestras de "negligencia" y ha incidido en que han llevado actos de "colusión" con "organismos políticos y financieros influyentes", según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.
Asimismo, ha destacado que revelará los nombres de los jueces sospechosos de afectar procesos de terrorismo y de estar implicados en "corrupción financiera y moral", al tiempo que ha manifestado que "no es aceptable que la justicia esté ausente de los palacios de justicia".
El mandatario tunecino ya había sustituido el Consejo Judicial Supremo en el marco de sus esfuerzos para consolidar su poder tras arrogarse todas las competencias, lo que ha provocado numerosas críticas por parte de la oposición, que se ha aglutinado en torno a un Frente de Salvación Nacional para pedir un gobierno de transición en Túnez.
Saied anunció el 30 de marzo la disolución del Parlamento, ocho meses después de su suspensión, apenas unas horas después de una reunión telemática de los diputados en la que revocaron las medidas de excepción y denunciaron un golpe de Estado. Asimismo, aprobó un decreto en el que modificaba la composición de la comisión electoral y dejaba la designación en sus propias manos y en las de un organismo que depende directamente de él.
El mandatario ha prometido elecciones para el 17 de diciembre de 2022 y un referéndum constitucional el 25 de julio de 2022, fecha ya fijada a través de un decreto presidencial. La Constitución tunecina de 2014 solo permite suspender el Parlamento durante 30 días, un plazo ampliamente superado.
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