El Gobierno de Perú destituye al jefe de la Policía Nacional por presuntos vínculos con un imputado por corrupción

El Gobierno de Perú ha anunciado la destitución de Raúl Alfaro como comandante general de la Policía Nacional después de que en la víspera se dieran a conocer supuestos vínculos con Jorge Hernández, alias 'El Español', investigado por liderar una presunta trama de espionaje encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

La Fiscalía de Perú ordenó el lunes el registro del domicilio particular de Alvarado en el marco de una investigación para determinar los vínculos del alto mando policial con 'El Español', según detalla el diario oficial 'El Peruano'.

De acuerdo con las tesis del Ministerio Público, Alvarado y su predecesor en el cargo, Alberto Vera, habrían integrado una presunta red criminal dedicada al espionaje y liderada por el mencionado Castillo, tal y como relata la emisora andina RPP.

Tras esto, el Ejecutivo considera que el comandante general de la Policía se encuentra inmerso en una situación de "conflicto de intereses" que hace "incompatible" el desempeño de sus funciones al frente de los cuerpos de seguridad peruanos.

Tras la destitución de Alvarado, el Gobierno andino ha anunciado el nombramiento de Luis Angulo como nuevo comandante general de la Policía Nacional de Perú, ratificando su ascenso de teniente general a general de armas.

El despido de Alvarado se da apenas un día después de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunciase también el reemplazo de ocho generales de la Policía por su gestión de las protestas ciudadanas que, desde hace varios meses, azotan el país en busca de la dimisión de la mandataria y la convocatoria de nuevas elecciones.

Desde la detención del expresidente Castillo a principios de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, numerosas protestas se han venido registrando en todo el país, dejando un saldo de casi medio centenar de civiles muertos por la represión de las mismas llevada a cabo por la Policía.

Entre acusaciones infundadas de terrorismo, los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación del propio Castillo.

Por el momento, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones. Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, ha descartado insistentemente presentar su renuncia, pues según sus palabras no ayudaría a resolver la crisis.