El Gobierno de Chile despliega unos 25.000 carabineros en las marchas por el aniversario del estallido social
El Gobierno de Chile ha coordinado junto a Carabineros el despliegue de unos 25.000 agentes, unos 5.000 solo en Santiago, para las movilizaciones y marchas que tendrán lugar este martes con motivo del tercer aniversario del estallido social, el primero para el nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric.
El plan de contingencia que Carabineros ha presentado a la Subsecretaría del Interior contempla el uso de drones y cámaras corporales y reforzar la presencia de efectivos en aquellos lugares donde históricamente se han venido produciendo más altercados en anteriores movilizaciones, como Plaza Italia, las inmediaciones del Palacio de la Moneda y otras zonas del centro de Santiago.
La fecha de este martes está marcada por las recientes agresiones sufridas por varios policías, entre ellas la del sargento Carlos Retamal Jaque, muerto la semana pasada como consecuencia de una agresión sufrida durante un operativo, así como por las últimas advertencias de varios miembros del Gobierno, entre ellos Boric, de que perseguirán sin descanso los comportamientos violentos y el crimen.
Este tercer aniversario es el primero desde que Boric está en La Moneda y la oposición ya se ha encargado de recordar el pasado de algunas de las nuevas autoridades, a las que ha acusado de no haber condenado en su momento aquellas protestas que derivaron en disturbios y enfrentamientos con los policías.
Las movilizaciones por el aniversario del año pasado se saldaron con al menos dos muertos y unos 450 detenidos, además de que se registraran saqueos y diversos hechos violentos después de que la marcha se hubiera desarrollado en gran parte de forma pacífica.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Constitución, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet.
El entonces presidente, Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones. Mientras las demandas de los ciudadanos no eran atendidas en un primer momento, el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente Carabineros, fue ampliamente criticado y objeto de investigación por parte de organizaciones locales e internacionales, que señalaron numerosos y flagrantes casos de violaciones de los Derechos Humanos.
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