El Gobierno avanza con la puesta a punto de las empresas públicas para sacarlas a la venta
La semana pasada comenzó una serie de designaciones de nuevos responsables de las firmas y se aceleraron los pases de sociedades del Estado a sociedades anónimas para concretar las operaciones
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El Gobierno avanza con la puesta a punto de las empresas públicas que busca privatizar en el corto o mediano plazo. La semana pasada ya asumieron algunos de los nuevos directores y presidentes de las distintas empresas y seguirán haciéndolo en las próximas días, según pudo saber LA NACION. El paso siguiente será la aprobación de los balances de esas firmas y luego la transformación, en aquellos casos que se necesite, de sociedades del Estado a sociedades anónimas, para luego iniciar el proceso de venta o salir a la Bolsa, entre las opciones posibles.
Todo se da en paralelo a la reglamentación de la Ley Bases que, al menos en lo que tiene que ver con este área, ya avanzó. Más allá de que ahí estarán incluidas las que fueron aprobadas por el Congreso, tras meses de arduas negociaciones, el Gobierno mantiene la idea de avanzar con las privatizaciones de aquellas que quedaron afuera. Ya sea por medio de proyectos individuales, como a través de las que les permiten privatizarlas sin pasar por el Parlamento, entre las que mencionan a Tandanor o el Correo Argentino, según explican desde el oficialismo.
En lo referente al punto de las designaciones para avanzar con todos los demás pasos, en el área de Transporte se elaboró una lista que incluye: Intercargo, Aerolíneas Argentinas, Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (Adifse), Decafse, Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA. En tanto que en las dos que viene sería el turno de las del área de Energía, con Dioxitek SA y Nucleoeléctrica Argentina SA
Aerolíneas es una de las empresas que quedó fuera de la posibilidad de privatizar de acuerdo a la Ley Bases, pero el Gobierno planea avanzar, en cuanto pueda, con un proyecto individual, mientras trabaja en su puesta a punto para cuando pueda sacarla al mercado.
El área de privatizaciones quedó a cargo de Diego Chaher, hombre de las filas y de confianza del estratega presidencial, Santiago Caputo. Abogado y con paso por el Grupo América, Chaher desembarcó en la gestión libertaria en la exagencia de noticias estatal, Télam, que terminó en una reducción de personal y transformada en una agencia para manejar la pauta oficial. “Era un desastre y lo ordenó en el plazo correspondiente. Cumplió”, afirman en la Casa Rosada, con un aval a su desempeño. A fines de junio, fue empoderado por Caputo en una reunión que fungió como puntapié inicial del proceso de privatizaciones, mientras se terminaba de aprobar la Ley Bases en el Congreso.
En ese encuentro, que se extendió por casi cuarenta minutos, en el Salón Sur de la Casa Rosada, Chaher recibió a varios secretarios de Estado, entre ellos Franco Mogetta, de Transporte, y de cuya órbita depende el sistema de trenes, uno de los primeros que podría salir del control del Estado; Raúl Marino, de Política Industrial, Investigación y Producción para la Defensa, y sus pares de Innovación, Darío Genua; de Minería, Luis Lucero y, en representación de Eduardo Chirillo de Energía, el asesor Carlos Morales. Desde entonces, se sucedieron reuniones más pequeñas, pero siempre orientadas a acelerar un proceso que aparece como fundamental para el Gobierno.
El listado inicial de empresas que la gestión del presidente Javier Milei buscaba sacar a la venta, en la primera Ley Bases, era de 41 empresas, pero finalmente solo terminaron incluidas para privatizar parcialmente Energía Argentina SA e Intercargo SAU. En tanto, para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.
Del listado final salieron en las horas previas a la votación Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), que a diferencia de las anteriores podían ser privatizadas de forma total. Sobre Correo Argentino, en el Gobierno sostienen que puede salir a privatización, a pesar de no haber sido incluido en el listado, porque “está contemplado en la ley que lo creó”.
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