EEUU sanciona a varios líderes del cártel mexicano de La Nueva Familia Michoacana por traficar con fentanilo

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra el cártel mexicano La Nueva Familia Michoacana, a la que acusa de estar detrás del tráfico de drogas como el fentalino, la cocaína y la metanfetamina, además de estar involucrada en una red de tráfico de migrantes en la frontera mexicana.

El Departamento del Tesoro ha indicado que los ocho sancionados, entre los que se encuentran los cabecillas del cártel --Rodolfo Maldonado Bustos, Josué Ramírez Carrera, Josué López Hernández, David Durán Alvárez, Uriel Tabares Martínez y Kevin Arzate Gómez, entre otros--, han llevado a cabo "actos atroces, que van desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas, pasando por el blanqueo de capitales y el asesinato".

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha indicado que estas sanciones "tienen como objetivo un cártel muy poderosos involucrado en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos". "La crisis de opiáceos y especialmente el aumento de opiáceos sintéticos como el fentanilo, ha devastado comunidades y se ha llevado la vida de miles de estadounidenses", ha recalcado Yellen en un comunicado.

En este sentido, ha recalcado que el presidente estadounidense, Joe Biden, está "comprometido con hacer uso de todas las herramientas a su alcance para hacer frente al fentanilo y sus precursores químicos para que podamos poner fin a estas cadenas de suministro mortíferas", ha dicho.

"El Tesoro tiene la capacidad de bloquear los flujos financieros de estos cárteles que están envenenando nuestras comunidades y su principal prioridad es perseguirlos", ha sostenido antes de insistir en que desempeña un "papel fundamental" en la lucha contra las drogas ilícitas.

Asimismo, ha recordado que durante los últimos dos años el Gobierno estadounidense ha sancionado a 250 personas y entidades vinculadas a este tipo de actividades a todos los niveles. Según Yellen, el Gobierno trabaja de forma conjunta con varios socios a nivel internacional y ha puesto en marcha una serie de medidas con las autoridades chinas, especialmente para combatir el blanqueo de dinero y el crimen organizado.