EEUU: Jurado debate salario mínimo para migrantes detenidos
SEATTLE (AP) — Un jurado federal decidirá si una de las mayores compañías de prisiones privadas del país deberá pagar salarios mínimos —en lugar de un dólar al día— a los migrantes detenidos que realizan labores de cocina o de limpieza dentro de sus instalaciones en el estado de Washington.
El secretario de Justicia de Washington, Bob Ferguson, interpuso una demanda en 2017 contra GEO Group, una compañía con sede en Florida. Acusó a la empresa de beneficiarse económicamente de manera injusta al administrar el centro de detención Northwest en Tacoma y explotar a los migrantes detenidos.
Ese mismo año se interpuso una demanda por separado a nombre de los migrantes detenidos y en la que se requerían pagos atrasados. El juez federal con sede en Tacoma Robert Bryan, quien rechazó varias solicitudes de GEO para desestimar las querellas, consolidó los casos para el juicio, que presidió vía Zoom debido a la pandemia.
“Lo que GEO está haciendo para explotar a los trabajadores cautivos en el centro de detención Northwest es real y a una enorme escala”, dijo el martes la fiscal general asistente Andrea Brenneke al jurado durante sus argumentos de cierre. “GEO podría pagar fácilmente el salario mínimo a los trabajadores detenidos y de todos modos ganar millones de dólares de su instalación cada año”.
La compañía respondió que los detenidos no son empleados. Incluso si lo fueran, asegura la empresa, sería ilegalmente discriminatorio que el estado obligara a GEO a pagarles el salario mínimo — actualmente de 13.69 dólares por hora — cuando Washington no les paga salario mínimo a los reclusos que realizan labores en las prisiones y centros de detención del estado.
En su argumento final, la abogada de GEO Joan Mell acusó al estado y a los activistas en favor de los detenidos de utilizar las demandas para atacar al sistema de detención migratoria. GEO ha operado el programa de trabajo de detenidos durante más de una década, y el estado no hizo intento alguno de obligar a la compañía a pagar el salario mínimo sino hasta 2017, en medio de una serie de demandas presentadas por Ferguson en contra del gobierno del entonces presidente Donald Trump.
“Si los demandantes pueden probar que la Ley de Salarios Mínimos es — y cito — aplicable... entonces pueden reformar la detención migratoria sin tener que recurrir al Congreso”, declaró Mell. “Están tomando un atajo a través de los tribunales para obtener lo que quieren”.
El centro de detención Northwest alberga a personas que están bajo custodia en lo que el gobierno completa sus procesos de deportación o revisa sus estatus migratorios. Tiene capacidad para 1.575 detenidos, convirtiéndola en una de las cárceles migratorias más grandes del país, aunque a principios de este mes tenía apenas a 216 personas, en buena medida debido a la pandemia.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que le paga a GEO para administrar el centro, requiere que la compañía opere un “programa de trabajo voluntario” para mantener a los detenidos ocupados. Requiere que se les pague al menos un dólar al día por su trabajo, que incluye la limpieza de sanitarios, regaderas y cocinas industriales; lavado y doblado de ropa; barrer y trapear pisos; preparar y servir alimentos; y cortar el pelo.
Exdetenidos testificaron que realizaron las labores porque necesitaban el dinero para comprar más alimentos o ropa en la comisaría o para realizar llamadas telefónicas a sus seres queridos.
Por lo general los turnos son de apenas una o dos horas. Un análisis realizado por GEO señaló que si los detenidos no realizaran las labores, habría necesitado contratar a 85 trabajadores a tiempo completo de la comunidad.
El contrato de GEO con el ICE también requiere que cumpla con las leyes locales y estatales aplicables, lo que el estado asegura incluye la Ley de Salarios Mínimos de Washington.
Aparentemente, Washington es el único estado en demandar a un contratista privado de detención por no pagar salarios mínimos a los migrantes detenidos. Sin embargo, se han entablado querellas similares a nombre de los migrantes detenidos en otros estados, incluidos Nuevo México, Colorado y California, para tratar de obligar a GEO y a otra importante compañía privada de detención, CoreCivic, a pagar el salario mínimo a sus presos.
Los casos en Colorado y California siguen pendientes, pero un juez federal rechazó la demanda presentada por exreclusos del centro de detención Cibola de CoreCivic en Nuevo México, una decisión que fue ratificada por un panel de una corte federal de apelaciones en marzo pasado.
“Las personas bajo custodia — como los apelantes — no están en una relación de empleador y empleado, sino en una relación de custodio y detenido”, escribió el panel.
Esa es la base del argumento de GEO en el caso en Washington. La compañía reconoce que tiene dinero para pagarles el salario mínimo a los detenidos si quisiera hacerlo. En 2018, GEO ganó 18,6 millones de dólares de su instalación; le hubiera costado 3,4 millones pagarles el salario mínimo a sus detenidos.
Mell también destacó las cláusulas en el contrato de GEO con el ICE que afirman que cualquier empleado que contrate GEO debe tener estatus legal para trabajar en Estados Unidos, y estos presos no lo tienen. “El contrato es claro: Los detenidos no son empleados”, dijo Mell. “No pueden serlo”.
Pero la definición de “empleado” en la ley de salarios mínimos de Washington es sumamente ambigua: incluye a cualquiera al que un empleador le permita trabajar, sin importar su estatus migratorio o legal para realizar labores. La ley afirma que los residentes de un centro de detención “estatal, del condado o municipal” no tienen derecho al salario mínimo.
Según los abogados del estado y de los detenidos, dicha excepción no incluye a las cárceles privadas con fines de lucro como la de GEO. Además, GEO supervisó los turnos y el desempeño del trabajo tal como lo haría cualquier empleador, aseguraron.
En caso de que el jurado decida que la ley de salarios mínimos aplica para GEO, se llevará a cabo una segunda fase del juicio para determinar una indemnización. El jurado no llegó a un veredicto el martes; y reanudará su deliberación el miércoles.
En un caso separado, Washington pretende cerrar el centro de detención en su totalidad. Hace unos meses, el gobernador Jay Inslee promulgó una ley que prohíbe la presencia de centros de detención con fines de lucro en la entidad. GEO ha presentado una demanda para bloquear dicha ley.
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