Demanda pide que funcionarios de EEUU declaren si violaron orden judicial sobre deportaciones
LA NACION
Un juez federal cuestionó el lunes si el gobierno del presidente Donald Trump ignoró sus órdenes de que los vuelos que transportaban deportados a El Salvador volvieran de inmediato a Estados Unidos, posiblemente violando el dictamen que había emitido apenas unos minutos antes.
El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones del gobierno de que sus instrucciones verbales no contaban, que sólo se debía cumplir a su orden por escrito, que no podía aplicarse a vuelos fuera del país y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes por cuestiones de seguridad nacional.
“Eso es ir demasiado lejos, creo", respondió Boasberg, señalando que el gobierno estaba al tanto que, en el momento en que los aviones despegaban, él celebraba una audiencia para decidir sobre una breve suspensión a las deportaciones que se llevaban a cabo en virtud a una ley del Siglo XVIII rara vez utilizada y que invocó el presidente Trump aproximadamente una hora antes.
“Sólo les pregunto cómo es que creen que mis poderes equitativos no se aplican a un avión que ha salido de Estados Unidos, incluso si está en espacio aéreo internacional”, agregó en otro momento.
El abogado adjunto del fiscal general, Abhishek Kambli, sostuvo que únicamente contaba la breve orden por escrito de Boasberg, la cual se emitió aproximadamente 45 minutos después de que presentó su demanda verbal. Esta no contenía ninguna exigencia para ordenar que los aviones regresaran al país, y Kambli añadió que para ese momento ya era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían salido de Estados Unidos.
“Estas son tareas operativas sensibles de seguridad nacional”, subrayó Kambli.
La audiencia respecto a lo que Boasberg calificó como una “posible desobediencia” a su orden judicial representa el más reciente paso en una lucha legal que comenzó cuando Trump invocó una ley de 1798 para tiempos de guerra con el objetivo de deportar a inmigrantes durante el fin de semana. También representa una escalada en la disputa sobre si el gobierno federal está violando las órdenes judiciales que han bloqueado algunas de sus agresivas medidas durante las primeras semanas de su segundo mandato.
“Se ha hablado mucho sobre una crisis constitucional, se usa mucho ese término. Creo que nos estamos acercando mucho”, advirtió Lee Gelernt de la ACLU y abogado principal de la parte demandante, durante la audiencia del lunes.
Boasberg dijo que registraría los procedimientos y sus exigencias adicionales por escrito. “Voy a exponer esto en una orden escrita ya que aparentemente mis órdenes orales no parecen tener demasiado peso”, puntualizó Boasberg.
El sábado por la noche, Boasberg ordenó al gobierno que no deportara a nadie bajo su custodia en virtud de la recién invocada Ley de Enemigos Extranjeros, la cual ha sido utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley de 1798 estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana, Tren de Aragua.
La invocación de la ley por parte de Trump podría permitirle deportar a cualquier no ciudadano que él diga que está asociado con la pandilla, sin ofrecer pruebas o incluso identificarlos públicamente. Los demandantes presentaron su demanda a nombre de varios venezolanos bajo custodia en Estados Unidos que temían ser acusados falsamente de ser miembros del Tren de Aragua y ser expulsados del país de manera indebida.
Al enterarse de que había planes en marcha dirigidos a El Salvador, el cual aceptó albergar a migrantes deportados en una conocida prisión de alta seguridad, Boasberg dijo el sábado que él y el gobierno necesitaban actuar rápidamente. “Deberán informar a sus clientes de esto de inmediato, y que cualquier avión que contenga a estas personas que esté a punto de despegar o esté en el aire necesita regresar a Estados Unidos”, indicó Boasberg al abogado del gobierno.
Según la demanda, dos aviones que despegaron de un centro de detención en Texas cuando comenzó la audiencia más de una hora antes estaban en el aire en ese momento, y aparentemente continuaron su trayecto hacia El Salvador. Un tercer avión aparentemente despegó después de la audiencia y la orden escrita de Boasberg se publicó formalmente a las 7:26 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.
“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en respuesta a un artículo en la red social X que hacía referencia a la orden de Boasberg y anunció que más de 200 deportados habían llegado a su país. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, reposteó la publicación de Bukele con un GIF de admiración.
Más tarde el domingo, un artículo ampliamente circulado en Axios dijo que el gobierno decidió “desafiar” la orden y mencionó a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato que afirmaron haber llegado a la conclusión de que la orden no se extendía a aviones fuera del espacio aéreo de Estados Unidos. Eso provocó una rápida negación por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo en un comunicado que “el gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden judicial”.
Leavitt también declaró que el gobierno creía que la orden no era “legal” y que estaba en proceso de apelación. El gobierno argumenta que un juez federal no tiene la autoridad para decirle al presidente si puede determinar que el país está siendo invadido en virtud de la ley, o cómo defenderlo.
El Departamento de Justicia también presentó una declaración en la demanda diciendo que algunas personas que “no estaban en territorio de Estados Unidos” al momento de la orden habían sido deportadas y que, si su apelación no tenía éxito, no utilizaría la proclamación de Trump como base para más deportaciones.
Después de que Boasberg programó una audiencia para el lunes y dijo que el gobierno debería estar preparado para responder a una serie de preguntas sobre su comportamiento, el Departamento de Justicia objetó, diciendo que no podía responder en un foro público porque involucraba “preguntas sensibles de seguridad nacional, relaciones exteriores y coordinación con naciones extranjeras”. Boasberg rechazó la solicitud del gobierno de cancelar la audiencia, lo que llevó al gobierno a solicitar que se retirara al juez del caso.
Kambli enfatizó que el gobierno cree que está cumpliendo con la orden de Boasberg. Ha dicho por escrito que no utilizará la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a nadie en caso de que no se revoque la orden de Boasberg en una apelación, una promesa que Kambli reiteró verbalmente ante la corte el lunes. “Nada de esto es necesario porque cumplimos con la orden escrita del tribunal”, dijo Kambli.
La orden de Boasberg sólo tiene vigencia de 14 días mientras él supervisa el litigio sobre el uso sin precedentes de la ley por parte de Trump, que probablemente planteará nuevas cuestiones constitucionales que solo podrán ser decididas en última instancia por la Corte Suprema. El juez había programado una audiencia el viernes para más argumentos, pero las dos organizaciones que presentaron la demanda inicial, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, le instaron a obligar al gobierno a explicar lo sucedido en una declaración bajo juramento.
Las declaraciones del gobierno, escribieron los demandantes, “dejan entrever fuertemente que el gobierno ha optado por tratar la orden de este tribunal como aplicable sólo a individuos que aún están en suelo estadounidense o en vuelos que aún no habían salido del espacio aéreo de Estados Unidos a las 7:26 de la tarde (la hora de la orden escrita)”.
“Si así es como procedió el gobierno, fue una violación flagrante de la orden del tribunal”, añadieron.
A medida que se intensificaba el drama al interior del tribunal, también lo hacían las repercusiones a nivel internacional en lo referente a las deportaciones a El Salvador. El gobierno de Venezuela caracterizó se refirió el lunes al envío de migrantes a El Salvador como “secuestros” que tiene previsto impugnar como “crímenes de lesa humanidad” ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. También acusó a la nación centroamericana de beneficiarse de las penurias de los migrantes venezolanos.
“No los estan deteniendo, los estan secuestrando y los estan expulsando”, dijo Jorge Rodríguez, principal negociador del presidente Nicolás Maduro con Estados Unidos, en declaraciones a la prensa el lunes.
La proclama de Trump alega que el Tren de Aragua actúa como un “Estado criminal híbrido” en asociación con Venezuela.
___
García Cano informó desde Caracas.
Michael Kunzelman en Washington, D.C., y Nicholas Riccardi en Denver contribuyeron con este despacho.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LA NACION
Temas
Más leídas
1Gilda Lousek, “el ángel rubio del cine argentino”, que sufrió por un jugado desnudo y por su romance con Ricardo Bauleo
2Créditos hipotecarios: el dato que sorprendió y anticipa que los precios de las propiedades seguirán subiendo
3Un jubilado luchó contra un ladrón que entró a robar en su casa y lo mató de un tiro
4Cuánto es el pago por el “imprevisto” que recibirán los astronautas luego de nueve meses varados en el espacio
Últimas Noticias
"En la Argentina hay 173 edificios LEED". Cómo impulsar la construcción sostenible a través de incentivos tributarios, técnicos y financieros
"Detestable". El Gobierno repudió los videos de Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial
