Defensora del Pueblo de la UE critica falta de transparencia de acuerdo migratorio con Túnez
La UE no ha sido totalmente transparente sobre los riesgos para los derechos humanos relacionados con un acuerdo migratorio firmado con Túnez, apuntó este miércoles un informe de la Defensora del Pueblo Europeo (Ombudsman) de la UE, Emily O'Reilly.
En virtud de un acuerdo de 2023, la UE ha proporcionado importantes fondos a Túnez a cambio de ayuda para frenar las travesías en pequeñas embarcaciones hacia Europa.
Sin embargo, el acuerdo se ha visto plagado de denuncias de abusos a los migrantes.
"La falta de información públicamente disponible en este caso (...) era claramente motivo de preocupación", expresó la irlandesa O'Reilly en su informe, resultado de una larga investigación.
Este informe es divulgado en momentos en que la migración irregular ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política, luego del fortalecimiento reciente de partidos de la extrema derecha en varios países del bloque.
La cuestión migratoria fue el tema central de discusión de una cumbre europea hace una semana, en medio de la controversia con la idea de crear centros de deportación en territorios fuera de la UE, como el acuerdo sellado por Italia con Albania.
La UE ya ha repasado unos 105 millones de euros (116 millones de dólares) a Túnez para que ese país ayude a combatir la inmigración ilegal hacia el espacio europeo y contribuya con la gestión fronteriza.
No obstante, el entendimiento se tornó el centro de un escándalo por denuncias generalizadas de malos tratos a los migrantes y hasta violencia sexual contra mujeres en un escenario de clara vulnerabilidad.
La oenegé humanitaria Human Rights Watch afirmó ya en 2023 que los migrantes en Túnez se enfrentaban a violencia y a detenciones arbitrarias.
Para O'Reilly, era "imposible pasar por alto" semejantes "informes profundamente inquietantes".
"Por lo tanto, es esencial una vigilancia sostenida por parte de la Comisión", afirmó.
En su opinión, aunque la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE- concluyó que no era necesario realizar una evaluación completa antes de la firma del acuerdo, completó un "ejercicio de gestión de riesgos".
Sin embargo destacó la Defensora del Pueblo Europeo (nombre formal del cargo) los resultados de ese ejercicio no se hicieron públicos. Así, O'Reilly instó a la Comisión a corregir la ausencia de esa información.
En ese escenario, O'Reilly pidió a la UE que defina mejor las "circunstancias excepcionales" en las que la financiación podría suspenderse debido a violaciones de derechos humanos.
La oficina de O'Reilly, sin embargo, carece de poder para tornar obligatorio el cumplimiento de sus recomendaciones.
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