Defensa: exjefe de Estado camboyano es inocente de genocidio
PHNOM PENH, Camboya (AP) — Los defensores de quien fuera jefe de Estado del régimen brutal del Jmer Rojo en Camboya sostuvieron el martes que se debe anular su condena por genocidio, al cuestionar las pruebas sometidas a una corte internacional en el juicio original.
En la segunda jornada de la apelación de Khieu Samphan, su abogada Anta Guissé dijo que las pruebas de las matanzas de minorías vietnamitas en las provincias fronterizas de Prey Veng y Svay Rieng eran débiles y cabía la duda de si esas masacres alcanzaban el nivel de genocidio.
El acusado de 90 años es el último miembro viviente de la máxima conducción del Jmer Rojo, cuyo férreo régimen comunista de 1975-79 fue responsable de la muerte de 1,7 millones de personas.
En 2018, un veredicto de las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya halló a Khieu Samphan culpable del genocidio de los vietnamitas bajo el principio de la empresa criminal conjunta, según el cual un individuo puede ser responsable de los actos cometidos por el grupo al que pertenece.
Guissé sostuvo que los fiscales no demostraron que hubo genocidio por no “demostrar el carácter masivo del crimen”.
Dijo que la corte escuchó el testimonio de una sola testigo de la matanza de cuatro familias vietnamitas en Svay Rieng y que “se habían informado de estos hechos gente cuyo nombre ha olvidado”.
“Por eso en nuestra apelación dijimos que correspondía la absolución por falta de pruebas”. dijo. “Falta de pruebas porque no sabemos quiénes fueron los autores, no sabemos quién ejecutó a las familias y tenemos evidencia de oídas no corroborada”.
Sentado detrás de su abogada francesa, Khieu Samphan escuchó los argumentos mediante audífonos. Llevaba una mascarilla debido a las disposiciones del COVID-19.
El acusado hablará ante el tribunal el jueves, la cuarta y última jornada de la audiencia de apelación. El veredicto previsiblemente se conocerá el año próximo.
Cualquiera que sea la sentencia de la corte, Khieu Samphan seguirá purgando una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad relacionado con transferencias forzadas y desapariciones masivas. Esta condena de 2014 fue ratificada en 2016.
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