Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exige acciones a Ecuador por menores desaparecidos
LA NACION
QUITO (AP) — El Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas exigió el martes al Estado ecuatoriano una investigación exhaustiva e imparcial, sin descartar una posible desaparición forzada, en el caso de cuatro menores desaparecidos luego de ser detenidos por una patrulla militar, señaló el organismo.
Desde el pasado 8 de diciembre, cuatro menores, uno de 11 años, dos de 14 y uno de 15, están en paradero desconocido después de que salieron de jugar fútbol, en el sur de la ciudad costera de Guayaquil, un hecho que sacudió al país por la presunta implicación de militares.
Las autoridades de seguridad ecuatorianas negaron en primera instancia la participación de la Fuerzas Armadas en el hecho, pero luego admitieron que los cuatro menores habían sido arrestados por una patrulla que los liberó posteriormente. La fiscalía allanó el lunes de madrugada la sede militar de la zona costera e incautó los teléfonos de varios militares y dos vehículos.
El presidente Daniel Noboa sostuvo el lunes que es prematuro señalar que se trata de una desaparición forzada mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ofreció que no se encubrirá a nadie.
La resolución emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada, y que fue confirmada a la AP desde la oficina de las Naciones Unidas en Quito, dispone al Estado ecuatoriano cumplir entre otras medidas urgentes la elaboración de una estrategia integral, un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores de edad en una investigación “exhaustiva e imparcial”.
Esta estrategia, señala el organismo, debe explorar todas las hipótesis posibles sin descartar la desaparición forzada “debido al alegado involucramiento de agentes estatales”. Se debe identificar a los perpetradores, agregó.
Además, se debe garantizar la vida e integridad de los familiares de las víctimas, quienes podrán participar en la búsqueda de sus allegados “sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento”.
El Estado ecuatoriano deberá informar “sin demora” las medidas adoptadas por el Estado hasta el 7 de enero de 2025, señaló el documento.
El padre de dos de los menores desaparecidos, Luis Arroyo, en una versión entregada a los medios locales narró que sus hijos salieron a jugar fútbol en un popular barrio de la ciudad, a donde llegaron dos vehículos con personas que llevaban uniforme militar; varios de los jóvenes huyeron y cuatro fueron alcanzados y llevados en los autos. Desde entonces están desaparecidos.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, entregó el lunes una nueva versión oficial que consta en un informe militar y señala que los jóvenes fueron aprehendidos por la patrulla militar que luego los liberó. “Imagino yo”, infirió el ministro, porque “no han hecho nada grave”. Previamente, Loffredo había adjudicado la desaparición a un grupo delictivo.
La Fiscalía allanó el lunes la Base Aérea de Taura, sede en la zona costera de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y decomisó 16 celulares y las dos camionetas blancas que participaron en el operativo la noche de la desaparición.
La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado la noche del lunes que una desaparición forzada se concreta cuando una persona “es apartada radicalmente de cualquier contexto de protección constitucional y legal”, con lo cual, en estos hechos “se configura por completo dicho escenario”.
El director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, organización que acompaña en las acciones emprendidas por familiares ante el comité internacional, declaró a la AP que para el sistema de Naciones Unidas la desaparición forzada “es una de las más graves torturas contra los derechos humanos”. Cada día que pasa la gravedad es mayor, “pensando en el encubrimiento estructural del paradero de las víctimas”, dijo.
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