Bukele asegura que el estado de excepción durará hasta que todos los pandilleros estén "entre rejas"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha informado de que las autoridades mantendrán el estado de excepción --decretado a finales de marzo en medio de una oleada de violencia-- hasta asegurarse de que todos los pandilleros del país estén "entre rejas".

En este punto, Bukele ha advertido de que este objetivo no se alcanzará "de la noche a la mañana", aunque su Gobierno "arreciará" la lucha contra los grupos criminales, una operación que, desde hace semanas, se define por el Gobierno como "guerra contra las pandillas".

"Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que es desatar la fuerza del Estado a estos criminales", ha explicado, según recoge 'La Prensa Gráfica'.

Así, el jefe de Estado ha avisado de que lo visto en estos dos meses y medio no es "nada" en comparación con lo que sucederá de ahora en adelante. "Lo que viene es mucho mayor", ha aseverado Bukele.

Para conseguir reforzar su lucha contra los presuntos pandilleros, el Ejecutivo salvadoreño reforzará la seguridad en las calles y se aprovecharán todas las capacidades de las que dispone tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de El Salvador.

"Podemos mantener una fuerza constante, pero en momentos específicos podemos incrementarla (...) Se verá mucha más presencia de la Policía y Fuerza Armada en las calles", ha avisado Bukele, quien ha remarcado que uno de los puntos donde más se reforzará la seguridad será en Santa Ana, donde el martes se registró un ataque que se saldó con la vida de tres agentes de la Policía.

Las autoridades del país prorrogaron hace una semana el estado de excepción por cuarta vez y, en esta ocasión, hasta finales de julio, una cuestión que ha suscitado polémica en el país pero que el mandatario ha tratado de cortar afirmando que "no va a durar para siempre".

Sin embargo, Bukele ha recordado que la guerra en El Salvador "duró una década", con lo que ha avisado de que la medida de excepción no se levantará en un futuro cercano. "No esperamos que dure una década, pero tampoco lo vamos a quitar en dos o tres meses antes de acabar con la guerra contra las pandillas", ha dicho.

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

Hasta mediados junio, el total de apresados ascendía ya a más de 41.300 presuntos pandilleros. Además, las denuncias de detenciones arbitrarias siguen siendo constantes por familiares de capturados durante el régimen.

De hecho, organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han denunciado esta situación, destacando también la cifra de al menos 21 personas que han muerto bajo custodia policial.

Recompensa por denuncia

El Gobierno de El Salvador ha hecho oficial este miércoles la entrada en vigor de una medida mediante la cual se recompensará a aquellos ciudadanos que, de forma anónima, presenten denuncias contra presuntos pandilleros.

La norma, que ya había sido publicada en el Diario Oficial de El Salvador, había sido aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo, apenas tres días después de que el gobierno decretase el estado de excepción como respuesta a una oleada de violencia que azotaba la nación.

Sin embargo, la nueva legislación no contempla sanciones para aquellos ciudadanos que presenten denuncias falsas, algo que para la investigadora de temas de seguridad Jeannette Aguilar es "gravísimo", pues apunta a "sustentar detenciones arbitrarias masivas en supuestas denuncias ciudadanas en un país con altos niveles de conflictividad y violencia interpersonal".

Además, considera que se está incentivando a la población para que proliferen los señalamientos sin fundamento, entrando así en posibles violaciones de derechos fundamentales. "Estos mecanismos de 'vigilantismo comunitario' aumentarán los conflictos y la violencia en las comunidades", ha advertido.

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