AP Explica: Cómo las decisiones de Netanyahu están causando tensiones en Israel
LA NACION
TEL AVIV, Israel (AP) — Israel nuevamente está librando una guerra en varios frentes, pero también se está gestando una batalla dentro del país.
Decenas de miles de israelíes se han sumado a protestas antigubernamentales en los últimos días. Un expresidente del Tribunal Supremo ha advertido sobre la posibilidad de una guerra civil. Y los expertos dicen que podría avecinarse una crisis constitucional si el gobierno israelí sigue adelante con sus planes para destituir a altos funcionarios jurídicos y de seguridad.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció la semana pasada que despidió a Ronen Bar, el jefe del servicio de seguridad interior Shin Bet, bajo el argumento de que había una crisis de confianza desatada por los fracasos para prevenir los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El gobierno de Netanyahu también ha iniciado un proceso para destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, acusándola de obstruir su agenda.
Estas medidas se producen mientras el Shin Bet está investigando una posible infiltración de la oficina de Netanyahu por parte de un país árabe, y en un momento en que el mandatario está siendo juzgado por corrupción.
Todo ello está preparando el terreno para un enfrentamiento entre Netanyahu y el poder judicial que está profundizando las divisiones en Israel y podría desencadenar inestabilidad en un momento en que el país está abrumado por la guerra.
El gobierno de Netanyahu lanzó una reforma radical del poder judicial en 2023, un proceso que desató protestas masivas.
Los críticos dijeron que la reforma socavaría el delicado sistema de controles y equilibrios del país al otorgarle demasiado poder a Netanyahu. Él y su coalición gobernante argumentaron que el poder judicial se había vuelto excesivamente intervencionista y estaba bloqueando su agenda legislativa.
Los opositores también criticaron a Netanyahu por promover los cambios mientras estaba siendo juzgado por corrupción. Dicen que un poder judicial fuerte e independiente es una salvaguarda necesaria contra gobiernos autoritarios.
Los ataques de Hamás del 7 de octubre, que desataron la guerra en Gaza, obligaron a pausar la reforma, pero a la vez generaron nuevas divisiones en el país sobre quién debía asumir la culpa por no prevenir el día más mortífero en la historia de Israel.
Netanyahu ha evitado aceptar la responsabilidad, y en lugar de ello ha intentado señalar a los jefes del ejército y del Shin Bet. Desde hace tiempo ha culpado al "Estado profundo" de querer derrocar a su gobierno.
En un anuncio sorpresa la semana pasada, Netanyahu indicó que despedía a Bar. Esto provocó protestas masivas de críticos, los cuales señalaron que la medida socavaría las instituciones gubernamentales independientes de Israel y era un castigo por la investigación del Shin Bet a la oficina de Netanyahu, o pretendía descarrilarla por completo.
El paso ayudó a que el político de extrema derecha Itamar Ben-Gvir regresara al gobierno de Netanyahu, fortaleciendo al mandatario israelí antes de una votación clave sobre el presupuesto. Ben-Gvir había renunciado semanas antes en protesta por un alto el fuego temporal, y regresó al cargo horas después de la reanudación de la guerra en Gaza.
El propio Bar indicó que había planeado dejar su puesto a su debido tiempo, incluso después de concluir las delicadas investigaciones sobre si Qatar —que tiene estrechos vínculos con Hamás— había contratado a asesores de Netanyahu para lanzar una campaña de influencia en Israel. Netanyahu ha planteado, con poca evidencia que lo sustente, que la investigación fue resultado de una colusión entre Bar y la fiscal general para obstaculizar el despido del jefe de seguridad interna.
El gobierno de Netanyahu votó el domingo para destituir a la fiscal general, lo cual dio inicio a un proceso que podría llevarse semanas.
En un país que no tiene una Constitución oficial y sólo cuenta con una cámara parlamentaria controlada por la coalición de Netanyahu, durante mucho tiempo el Tribunal Supremo de Israel ha sido un contrapeso importante frente a las decisiones del gobierno.
La decisión de destituir a Bar ya ha sido impugnada en el tribunal, el cual emitió una orden judicial que congeló la medida hasta nuevas audiencias. En las próximas semanas se prevé que el tribunal decida si la destitución fue legal y si hubo un conflicto de interés a la luz de la investigación de Qatar.
En lo que respecta a la fiscal general, el gobierno aprobó el domingo una decisión en gran medida simbólica en la que pide su destitución. Una comisión, que se prevé esté compuesta por aliados de Netanyahu, escuchará las posiciones del gobierno y de Baharav-Miara antes de emitir una recomendación. Sólo entonces el gobierno de Netanyahu tomará su decisión final con respecto a su destino.
Si la comisión sigue adelante con su destitución, probablemente enfrentará una impugnación en el Tribunal Supremo. Una vez más, se prevé que decida si Netanyahu tiene un conflicto de interés porque está despidiendo a la funcionaria que encabeza la fiscalía pública que lo está juzgando por corrupción.
No está claro si el gobierno aceptaría una decisión que no le guste.
"El escenario peligroso es si no aceptan el fallo", apuntó Amir Fuchs, investigador sénior del Instituto de Democracia de Israel, un centro de investigación en Jerusalén. Eso provocaría una crisis sobre qué autoridad debe seguirse: la del tribunal o la del gobierno, y podría desembocar en un caos, advirtió.
Esos temores han crecido desde que se iniciaron las destituciones. En una serie de entrevistas con medios de comunicación el fin de semana, Aharon Barak, de 88 años —la mente jurídica más destacada de Israel— expresó su preocupación de que se desate una posible guerra civil. También se sumó a casi 20 exjueces del Tribunal Supremo en una carta publicada el domingo en la que advierten que despedir a la fiscal general amenaza el Estado de derecho.
El líder opositor Yair Lapid pidió una sublevación fiscal si el gobierno desobedece el fallo. El líder del principal sindicato del país señaló que ignorar un fallo judicial era una línea roja, y dejó entrever que podría lanzar huelgas generales en respuesta.
Las advertencias han sido inquietantemente similares a 2023, cuando se anunció la reforma jurídica. Decenas de miles de personas salieron a las calles en protestas constantes.
Se convocó a huelgas generales, y los reservistas amenazaron con no presentarse al servicio militar si la reforma seguía adelante. El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los judíos a los 18 años, pero el ejército depende en gran medida de las unidades de reserva de mayor edad, especialmente durante tiempos de guerra. Algunos analistas consideraron que tal conflicto interno era un factor que influyó en que Hamás decidiera atacar cuando lo hizo. Esa agitación podría ser sólo un precursor.
"Desobedecer a los tribunales es un acto ilegal", escribió el comentarista Nadav Eyal en el diario Yediot Ahronot. El resultado podría ser "desobediencia civil generalizada, de un tipo que el gobierno será incapaz de sobrevivir".
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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