Acuerdo para el reparto por toda España de los inmigrantes menores de las islas Canarias

El Gobierno de izquierdas español aprobó este martes una reforma legislativa que permitirá repartir por la península a los inmigrantes menores que llegan solos y que han saturado el dispositivo de acogida de las islas Canarias, principal puerta de entrada de inmigrantes.

Atendiendo una reclamación de hace tiempo del gobierno canario y otros fronterizos, como los de Ceuta y Melilla, que acusaban a las otras regionales de insolidarias, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez se congratuló por lo que estimó que supone "un hito en defensa de los derechos humanos".

"Estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor", afirmó en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el consejo de ministros que aprobó la medida.

Canarias aloja a más de 5.000 menores no acompañados, con una "capacidad" solo para 900, con lo cual habrá que repartir a más de 4.000 entre las otras comunidades, señaló Torres.

Esta modificación de la ley permitirá activar el mecanismo de reparto cuando una región declare la "contingencia migratoria extraordinaria", es decir, cuando una oleada desborde su capacidad de acoger menores migrantes, lo que permitirá trasladar una parte de ellos a otras regiones del país, según explicó el ministerio de Torres en un comunicado.

- Traslados en 15 días -

En España, el Gobierno central atiende a los inmigrantes adultos pero los menores que llegan solos son responsabilidad exclusiva de las regiones, que deben asegurarse, por ejemplo, de su escolarización.

El cambio legislativo debe ahora ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

El ministro Torres indicó que el reparto de inmigrantes menores se realizará de acuerdo a una serie de criterios como la población, la renta per cápita y la cantidad de plazas para albergar inmigrantes de cada región.

"En 15 días", los menores "van a ser reubicados, y con todas las garantías legales" para ellos, se congratuló en rueda de prensa el presidente regional de las islas Canarias, Fernando Clavijo, hablando de "un día importantísimo para Canarias e importantísimo para España".

El tema de la repartición de los menores enfrenta desde hace meses el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y a la oposición de derechas, que dirige un buen número de regiones.

El Gobierno anunció esta modificación legislativa luego de llegar a un acuerdo con el partido independentista catalán Junts, que se resistía a que Cataluña reciba a muchos inmigrantes, y que votará a favor de la medida en el Congreso, lo que en principio garantiza su aprobación.

La dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, presidenta de la región de Madrid, ya adelantó que "este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE" y acusó a Sánchez de fomentar "la inmigración irregular masiva".

- El "fracaso" del sistema -

El Gobierno hará un aporte extraordinario de 100 millones de euros este año para ayudar a las regiones en el traslado de los inmigrantes.

Durante 2024, llegaron a Canarias 46.843 inmigrantes, una cifra superior al récord de 2023 (39.910), pese a la extrema peligrosidad de la ruta marítima desde la costa noroeste de África.

No obstante, este año las llegadas han caído: hasta el 15 de marzo habían alcanzado Canarias 9.062 inmigrantes, un 25% menos que en el mismo periodo de 2024, según cifras del Ministerio del Interior.

Este mismo martes, Amnistía Internacional hizo público un informe sobre la situación de los menores inmigrantes en Canarias, tildando de "fracaso" el sistema de acogida.

"España tiene la obligación jurídica de proteger a cada niño, niña y adolescente que se encuentre en su territorio, independientemente de cuál sea su situación migratoria o el modo en que haya entrado al mismo", recordó la oenegé.

"Las denuncias por presuntos malos tratos y abusos contra menores no acompañados, entre las que se incluyen castigos excesivos, entre ellos el aislamiento o la ralentización en los trámites relativos a documentación o escolarización en algunos de los centros, requieren una respuesta estatal y autonómica", estimó Amnistía Internacional.

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