Un sistema que cruje: la atención sanitaria, principal motivo de reclamo en un ranking bonaerense

La crisis del recurso humano en salud, ocasionada por la falta de horizonte profesional de los médicos, los bajos honorarios por prestaciones y problemas con insumos básicos que son importados, están resintiendo la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a la demanda de los pacientes.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió un informe que muestra que problemas en la atención de la salud se posicionaron como el principal motivo de quejas en lo que va del año ante el organismo: con un 24,4% del total de 88.360 reclamos realizados durante el primer semestre de 2023, figuran al tope del ranking. Más atrás quedaron las quejas por los servicios públicos (20,3%), y los bienes de consumo y servicios privados (10,6%).

“Este dato marca los diferentes inconvenientes que atraviesan las y los bonaerenses respecto de la salud. También la labor de nuestras delegaciones para tomar reclamos en distintos puntos de la provincia y la capacidad de la defensoría de encontrar una solución mediante el trabajo coordinado con diferentes organismos”, indicó Guido Lorenzino, titular del organismo desde 2017.

De acuerdo con la información provista por la defensoría bonaerense, los principales reclamos por salud estuvieron relacionados con los medicamentos (13,6%), las prácticas médicas (10,7%) y las obras sociales (5,8%).

Los vinculados a los servicios públicos se dividieron básicamente en suministro eléctrico (49,8%), agua (24,3%) y transporte (11,5%). Para bienes de consumo y servicios privados, las mayores quejas se distribuyeron entre las operaciones financieras (26,6%), la compra-venta y alquiler de inmuebles (16,2%) y la telefonía móvil (8,1%). Entre las temáticas más consultadas también figuraron los asuntos viales, trabajo y seguridad social, asociaciones civiles, documentación de identidad y relaciones y/o conflictos interpersonales.

Federico Santarelli, secretario de atención y desarrollo territorial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dijo a LA NACION que, en el caso de los reclamos por cuestiones sanitarias, la distribución geográfica de los reclamos es muy homogénea. “Lo que venimos recibiendo se distribuye linealmente tanto en el conurbano como en el interior de la provincia”, dijo.

En cuanto al contenido de los reclamos, explicó que en su mayoría son problemas en el acceso a los medicamentos, ya sea porque cambiaron los descuentos que daban las prepagas u obras sociales o por falta de información por parte de estas, e impedimentos o demoras para las prestaciones médicas, sobre todo de estudios. Por ejemplo, usuarios que reclaman que la obra social o prepaga demora cuatro meses para autorizar un estudio o les piden requisitos que antes no les solicitaban, como la presentación de la historia clínica o exámenes médicos previos. Y a esto se suman todos los reclamos vinculados a la facturación y los aumentos mensuales.

Además, el funcionario dijo que no solo reciben reclamos por parte de usuarios del sistema de salud, sino también por parte de personal de salud que no han cobrado sus honorarios en tiempo y forma.

A mediados de junio, las entidades agrupadas en la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) salieron a dar una voz de alerta: estimaron en hasta un 15% la renuncia de profesionales a las cartillas de prestadores debido a la crisis estructural del sistema sanitario. Esto complica cada vez más el acceso a la atención porque resiente la disponibilidad de profesionales con experiencia, aumenta el gasto de bolsillo para los pacientes y suma demora para los turnos.

“Esto empezó a acrecentarse en los últimos dos años aproximadamente. Como defensoría, siempre que recibimos un reclamo analizamos los pasos previos que hizo el vecino y, sobre esa base, intentamos mediar para que se le explique la situación y exigimos velocidad. Como no tenemos poder de policía, intentamos ser un nexo entre el usuario y la empresa”, describió Santarelli.

En cuanto a las instituciones que más quejas reciben, Santarelli dijo que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) –la obra social de la provincia de Buenos Aires que atiende a empleados públicos– por la cantidad de afiliados que tiene es una de las que lidera el ranking de reclamos.

Cortes de luz, el otro gran problema

Si bien los reclamos por la salud estuvieron al tope, la entidad más denunciada en el primer semestre del año, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo bonaerense, fue Edesur, lo que según Lorenzino “muestra el grado de hastío de las y los usuarios con el servicio, y las permanentes fallas de una empresa por la que no dejamos de pedir que le quiten la concesión”.

Santarelli confirmó que durante los últimos tres años, salud y servicios públicos fueron las dos áreas que registraron los mayores reclamos en la provincia. “Aproximadamente dos de cada tres quejas son reclamos que competen a estos dos temas. Y dentro de servicios públicos, más de la mitad de los reclamos son por inconvenientes en el servicio eléctrico: cortes del suministro y aumentos en la facturación”, enumeró.

A diferencia de lo que ocurre en el área de salud, esta problemática sí registra diferencias geográficas: las quejas aumentan en el conurbano. “El reclamo a Edesur es cotidiano, ni hablar hacia fin de año, cuando colapsan los sistemas. Las quejas son por falta de suministro y, cada vez más, por falta de respuesta”, sostuvo.

Sobre la defensoría

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es un organismo que defiende y promueve los derechos de los habitantes del territorio bonaerense, así como de quienes estén en tránsito por allí. Es una figura incluida en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial y no recibe instrucciones de ningún poder del Estado. Es decir, es un ente autónomo que observa y asegura que la administración provincial, fuerzas de seguridad y empresas de servicios públicos cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes.

Los bonaerenses pueden realizar reclamos a través de un centro de contacto que funciona, vía telefónica o por Whatsapp (0800 222 5262), las 24 horas todos los días del año o de forma presencial en alguna de las 57 delegaciones presentes en toda la provincia.