Narcotráfico desde la cárcel: 14 medidas para evitar que los jefes sigan controlando el negocio desde sus celdas
Ante lo que fue calificada como una “amenaza latente”, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, presentó un trabajo con recomendaciones elaborado por un equipo especial de fiscales; inhibidores de señales de celular, más requisas y control de la selección de guardias, entre las propuestas
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LA NACION
Para poner freno a una situación que fue calificada como de una “amenaza latente”, un equipo de fiscales elaboró, por pedido del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, una serie recomendaciones para tener mayor control sobre los capos narcos que continúan al mando de sus organizaciones criminales y controlan sus negocios desde las celdas de las unidades penitenciarias en las que cumplen sentencias o prisiones preventivas.
Por decisión de Casal, el trabajo, denominado “Análisis institucional sobre el fenómeno de la narcocriminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios”, fue entregado al Ministerio de Justicia de la Nación (del que depende el Servicio Penitenciario Federal)”, según informó la Procuración General de la Nación en su portal de informaciones, www.fiscales.gob.ar.
El equipo de trabajo diseñó 14 recomendaciones, entre las que figuran:
- “Fortalecer y ampliar la periodicidad de los mecanismos de inspección o requisa en los lugares de alojamiento considerados prioritarios para la detención de internos considerados de alto riesgo”.
- “En caso de que el alojamiento de los líderes e integrantes de organizaciones criminales complejas en establecimientos de máxima seguridad no resulte posible, priorizar una asignación de alojamiento y tareas conforme a sus niveles de riesgo dentro de los establecimientos penitenciarios, con medidas”.
- “Extremar los controles respecto de los agentes y funcionarios encargados de la seguridad y custodia de las personas que, de acuerdo a sus antecedentes criminológicos, hayan contado o puedan contar con un importante ascendente sobre otros internos o personas en el exterior de los establecimientos penitenciarios, y que puedan dirigir, planificar, supervisar o coordinar maniobras ilícitas del campo de la criminalidad organizada, y que respecto a ellos se fijen pautas de custodia más estrictas”.
- “Instalar inhibidores en los pabellones o módulos de los establecimientos penitenciarios en los que se alojen los internos que lideran o integran organizaciones criminales complejas, y que impidan que estas personas se comuniquen con el exterior sin un adecuado control”.
La mesa fue coordinada por el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, y participan el fiscal federal Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procunar; los fiscales federales de Lomas de Zamora Sergio Mola y Cecilia Incardona; Guillermina García Padín, que conduce la Unidad de Ejecución Penal; el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim; el fiscal general a cargo de la Fiscalía de Distrito de Salta, Eduardo Villalba; el fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto; el fiscal federal en ejercicio de la presidencia de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Rívolo; el fiscal general Diego Velasco; Matías Álvarez, Matías Scilabra y Mariana Gamba, auxiliares fiscales de la Procunar, y el secretario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional, Luis Arocena.
El equipo de trabajo se había formado para analizar el “despliegue de maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios” y se sostuvo que los especialistas fueron convocados debido a “la relevancia y la gravedad de esta problemática, las dificultades que ese fenómeno presenta para la persecución penal, y la amenaza que este presenta para la sociedad”.
Fueron varios los casos que se hicieron públicos de sindicados capos narcos que continuaron al mando de sus organizaciones criminales desde sus lugares de alojamiento:
- El rey de la efedrina: el mes pasado, Mario Segovia fue procesado por el juez federal Luis Armella por liderar desde la prisión una organización dedicada al contrabando de explosivos y armas. El magistrado le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 80.000.000 de pesos.
- Guille Cantero: el 30 de septiembre pasado, Máximo Ariel Cantero, alias Guille, el sindicado líder de la temible banda de Los Monos, Recibió una pena de 22 años por haber ordenado desde la cárcel siete ataques a tiros contra jueces y edificios judiciales. Y se le sumaron los seis años y ocho meses que había recibido en 2016 por otra intimidación al Poder Judicial: las amenazas contra el magistrado Edgardo Fertita.
- Néstor Fabián Rojas: Conocido con el apodo de Loko, según una investigación judicial, desde el penal de Ezeiza seguía al mando de su organziación criminal, a la que denominóPrimer Comando Capital (PCC) y pretendía adquirir armas para enviar a Río de Janeiro, a sus supuestos socios de la organización criminal Primer Comando Capital (PCC), hoy la más grande banda criminal en América Latina.
“Se ha evidenciado que, en muchos de esos casos, aquellas organizaciones criminales pergeñaron o concretaron otros delitos graves y violentos vinculados con sus actividades ilícitas, tales como el lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas”, se explicó en el trabajo entregado por Casal al Ministerio de Justicia de la Nación.
También se puso en relevancia la capacidad operativa que tienen las bandas narcos que operan desde la cárcel: “Se ha visto el despliegue de acciones de tráfico ilícito en varios niveles, desde el ingreso de la sustancia al país o su traslado entre diversos lugares del país distantes entre sí, hasta la distribución en puntos de venta y comercialización directa al consumidor. Esto da cuenta del dinamismo y racionalidad con capacidad de llevar adelante tareas de diversa índole y de la gran envergadura de las organizaciones”, se explicó.
Además de las medidas citadas, los fiscales propusieron:
- Asegurar un estricto cumplimiento de las medidas de tenencia y custodia de objetos no permitidos.
- Mantener el riguroso y efectivo control previsto por la reglamentación vigente sobre procesos de registro para el ingreso de visitas, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario del Servicio Penitenciario, y garantizar los mismos estándares de seguridad, calidad y efectividad para el ingreso de sustancias y otros objetos por parte de terceros ajenos a los establecimientos penitenciarios como, por ejemplo, personal de los servicios de alimentación, limpieza, o mantenimiento
- Dar un estricto cumplimiento a la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.
- Realizar estudios técnico-criminológicos para determinar los riesgos que pueden presentar los internos condenados o procesados por pertenecer a organizaciones criminales complejas. Para ese análisis deberán tomarse en cuenta factores como la pertenencia y posición de los condenados en esas organizaciones, la clase, gravedad, peligrosidad y reiteración de los delitos cometidos, o la existencia de otros antecedentes penales.
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