Yacyretá: no queda nada de la investigación por el “monumento a la corrupción”
Los últimos empresarios acusados fueron absueltos; es el “fracaso de la Justicia” dijeron los jueces de la Cámara de Casación al dictar el fallo
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LA NACION
La causa por el “monumento a la corrupción” que significó la represa de Yacyretá quedó en la nada luego de 30 años de investigación. A fines del año pasado la Justicia absolvió a los últimos tres empresarios que estaban acusados en un proceso, donde otros exfuncionarios de menor jerarquía investigados fueron condenados a penas menores hace 8 años.
Tras la absolución de los tres empresarios, tanto la fiscalía como la querella apelaron esa decisión en un fallo que ahora está a estudio de la Cámara de Casación. El recurso fue concedido el 26 de marzo e interviene la Sala II de Casación. Nada que prometa una pronta solución dado el tiempo que pasó desde la comisión de los delitos que investigan que fueron denunciados en 1988.
El último fallo sobre el caso que el expresidente Menem bautizó como “el monumento a la corrupción” fue dictado por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, Daniel Obligado, Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel. Los empresarios absueltos fueron Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega. Estaban acusados de gestionar reembolsos indebidos de dinero por más de 190 millones de dólares a fines de la década del 80.
“El modo bajo el cual se llevó adelante la causa ‘Yacyretá’, referida a los cobros de reembolsos del hormigón y de neumáticos, representa posiblemente el fracaso de todo aquello que la Justicia debería poder ofrecer a la sociedad y redundó de modo irremediable en una severa degradación de las pruebas a la que este Tribunal se enfrentó”, sostuvo la presidenta del tribunal, López Iñiguez, antes de leer el veredicto.
Los jueces entendieron que las pruebas desaparecieron con el paso del tiempo: “Hubo testigos que fallecieron; otros que ya no recordaban prácticamente nada relevante de los hechos o que debieron ser interrogados en relación con documentación de dificilísima compulsa por estar acumulada en cajas viejas, desorganizadas, llenas de amarillentos expedientes muchas veces incompletos o carcomidos”.
“Este proceso comenzó a tramitarse a partir de una denuncia presentada en el año 1988. Es decir que este proceso es anterior a la existencia misma de Comodoro Py como edificio judicial”, recordó López Iñiguez antes de dar comienzo a la lectura del veredicto. Y agregó que “cualquiera sea la definición que se adopte para hablar de corrupción, esta ha sido siempre una causa considerada emblemática de ella”.
“Este Tribunal ha asumido, desde que la causa llegó a sus manos, la íntegra y total responsabilidad que le corresponde, a fin de honrar los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, lo que en esta causa concreta se demostró por los enormes esfuerzos realizados para poder llevarla hacia un juicio oral, público, célere y transparente, donde todos los hechos pudieran ser ventilados de modo abierto”, remarcó.
El fiscal Abel Córdoba había pedido penas de entre cuatro y cinco años de prisión para los acusados, mientras que la querella reclamó condenas de entre cinco y seis años. En un primer juicio hecho, en 2013, fueron condenados exfuncionarios de la entonces Subsecretaría de Industria de la Nación.
Los reintegros impositivos se cobraron por neumáticos importados y hormigón fresco que se usó en la obra en la provincia de Misiones, al amparo de leyes al respecto.
Cuadernos y fuga
Yacyretá volvió a quedar señalada en un expediente por corrupción en la causa de los cuadernos de las coimas. El extitular de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas había sido mencionado por el chofer Oscar Centeno en numerosas anotaciones. Según esos registros, que los funcionarios judiciales que llevan adelante la causa se encargaron de corroborar, el arquitecto misionero habría entregado dinero en bolsos en un domicilio en la Capital Federal, ubicado en la calle Juncal.
El juez federal Claudio Bonadio lo procesó como integrante de la asociación ilícita dedicada a la recaudación de dinero de empresarios contratistas del Estado, pero la Cámara Federal confirmó su procesamiento por el delito de cohecho.
Thomas fue apresado el 18 de septiembre de 2018, pero recibió el beneficio de la prisión domiciliaria en abril de 2019. Su caso adquirió especial notoriedad porque el exfuncionario estuvo prófugo de la Justicia durante 48 días y porque por él se llegó a ofrecer una recompensa de $500.000. Siempre desconoció los cargos que se le imputaron y negó haber pagado coimas a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido.
LA NACION
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