Una decisión que podía evitarse y desató una crisis política en el Congreso

La decisión de Martín Menem y de Victoria Villarruel de dar marcha atrás con el aumento del 30% en las dietas de los legisladores, desató un inesperado revuelo en el Congreso. Los legisladores no disimulan su malestar porque, alegan, se vieron forzados a compartir el costo político de una disposición, devenida en escándalo, que los presidentes de ambas cámaras tomaron de manera inconsulta, sin compartirla previamente con los bloques, y que pudo haber sido evitada si, en verdad, el oficialismo tenía la intención de congelar las dietas.

Menem argumenta que, de alguna manera, se vio forzado a aumentar las dietas en virtud de una resolución que data de 2011 que “engancha” de manera automática los aumentos de los sueldos de los empleados legislativos que se disponen todos los años en paritarias con las dietas que cobran diputados y senadores. El presidente de la Cámara baja omite decir que, como máxima autoridad del cuerpo, tiene la potestad de “desenganchar” esas subas y mantener inalterable el monto de las dietas. La misma potestad le cabe a Villarruel quien, sugestivamente, mantuvo un silencio atronador frente al escándalo.

El aumento en el Congreso desató el enojo del presidente Javier Milei, que pidió dar marcha atrás. Menem anunció que presentará un proyecto para retrotraer la suba.

¿Error, desidia o dejar pasar para ver si pasa? El interrogante está abierto. Lo cierto es que sobran los antecedentes de expresidentes de ambas cámaras que, en determinados momentos, decidieron “desenganchar” de las dietas las subas otorgadas a los empleados legislativos en paritarias.

No hay que remontarse demasiado atrás en el tiempo para encontrar esos antecedentes. Menem y Villarruel podrían haberlos rastreado. De hecho, hace apenas dos años, en julio de 2022, Cristina Kirchner y Sergio Massa, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, decidieron que el aumento del 69% en los sueldos de los empleados legislativos que había dispuesto la paritaria legislativa ese año no iba a trasladarse a las dietas de los legisladores, salvo que éstos decidieran lo contrario en el recinto.

La decisión se plasmó en una resolución, la 0003/2022. Los legisladores, que venían con sus dietas congeladas desde 2020, rezongaron en silencio ante esta disposición pero no la cuestionaron: en plena caída de la economía por efecto de la pandemia, un aumento del 69% en sus ingresos iba a ser leído como una bofetada al ciudadano de a pie que, a duras penas, podía sostener el poder adquisitivo de sus salarios.

Pero el premio consuelo vino poco después. En noviembre de ese año, Cristina Kirchner y Cecilia Moreau –presidenta de la Cámara baja- emitieron la resolución 6/2022 por la cual se dispuso que, a partir de ese mes, las dietas quedarían nuevamente “enganchadas” a las subas salariales que perciban los trabajadores por resolución paritaria. A partir de esta resolución, los ingresos de los legisladores dejaban de estar congelados.

Kirchner y Moreau tomaron sus precauciones y buscaron coparticipar el costo político de semejante medida con los legisladores. Por esa razón, antes de emitir la resolución, solicitaron a los bloques que, por escrito, manifiesten su voluntad de descongelar las dietas de los legisladores. Por nota, las distintas bancadas se pronunciaron en ese sentido.

También Emilio Monzó, como presidente de la Cámara de Diputados en el período 2015-2019, dispuso ese desenganche en determinados momentos de su mandato. Lo hizo siempre previa consulta al resto de los bloques, rememoró al ser consultado por LA NACION. El problema sobrevino cuando los empleados legislativos de menor categoría comenzaron a cobrar más que un legislador nacional.

“En determinadas ocasiones tuve que aumentar salarios legislativos y no las dietas. Sucedió luego que un chofer ganaba más que un diputado; cada vez que corregíamos estos desfases lo consulté con el resto de los bloques”, sostuvo.

Estas resoluciones –la 0003/2022 y la 6/2022- son la prueba manifiesta de que los presidentes de ambas cámaras tienen la potestad de “desenganchar” las subas salariales del personal legislativo de las dietas cuando así lo crean oportuno. Desmienten, de alguna manera, el argumento del que ahora se aferran Menem y Villarruel para justificar una decisión inconsulta y que hace pagar al resto de los legisladores el costo político del escándalo.

Destapado el conflicto, ahora el oficialismo busca dar marcha atrás y anuncia que propondrá un proyecto para dejar sin efecto la suba. Habrá que ver cuál es la reacción de los bloques, enardecidos por la situación. No faltarán quienes insistirán con que el congelamiento de los sueldos se extiendan a los tres poderes del Estado. Se abrió la caja de Pandora.