Tras el giro de Milei, los gobernadores se disponen a pelear por el reparto de fondos

Los gobernadores se quedaron con un sabor agridulce tras la cumbre del viernes en la Casa Rosada. Si bien celebran el cese del fuego que anunció Javier Milei ante la Asamblea Legislativa para reflotar la ley ómnibus en el Congreso y lucen expectantes ante la apertura al diálogo para acordar políticas de Estado, los caciques se fueron de la reunión con dudas respecto de la chance de que el Gobierno los compense en el corto plazo por los recortes de fondos que sufrieron por el ajuste fiscal que dispuso Milei o les dé respuestas inmediatas a sus reclamos por las deudas que tiene la Nación con las provincias.

La mayoría de los mandatarios, sobre todo el grupo de los dialoguistas, quedaron satisfechos con la reedición de la ley de Bases. Intuyen que el Gobierno finalmente apeló al pragmatismo y acotó los temas del proyecto con el objetivo asegurarse los votos y evitar una nueva derrota. Atentos al termómetro social, aventuran que la mayoría de los capítulos que incluyó Milei en la nueva ley ómnibus podrían ser convalidados en el recinto de Diputados, el escenario más complicado que enfrenta el oficialismo por la fragmentación de las fuerzas opositoras. Especulan que deben darle más pronto que tarde un instrumento a Milei y no pagar un eventual costo político si la crisis se profundiza.

Pese a las incipientes señales de entendimiento sobre el corazón de la nueva ley bases, el nudo de la discusión entre Milei y las provincias sigue siendo la cuestión fiscal. Un grupo de gobernadores que podrían cooperar con la Casa Rosada -que incluye a los patagónicos, Martín Llaryora (Córdoba) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe)- se resisten a avalar la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que se eliminó por la reforma de Sergio Massa.

Por eso, piden que el Presidente evalúe otras alternativas para morigerar el impacto del ajuste. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, buscó dilatar esa instancia. Remarcó que el Gobierno requiere actuar con premura para obtener el aval del Congreso a las reformas incluidas en la ley ómnibus y que el resto de la discusión sobre la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias se dará a lo largo del trayecto hasta el Pacto de Mayo. Dicho de otro modo: Posse dejó en claro que Milei ofrece la reversión de Ganancias como único alivio. A cambio, pide comprometer a los gobernadores con el apoyo a la ley ómnibus. Los emisarios de Milei deslizaron que un debate profundo sobre un nuevo pacto fiscal demandará tiempo.

El Presidente y los gobernadores juegan una carrera contra el tiempo. Mientras Milei requiere para la pelota para sortear marzo y abril, los meses que se aventuran más críticos para su administración por los efectos de la recesión, y exhibir a la ciudadanía la luz al final del túnel con la reducción de la inflación a un dígito, los mandatarios lucen urgidos por atender sus necesidades financieras, ya que deben pagar los sueldos de estatales, docentes y policías en sus distritos.

Ganancias

En ese marco, los gobernadores alzaron la voz durante las cuatro horas de reunión para reclamar por los recortes que sufren en sus arcas. Los patagónicos pusieran el grito en el cielo cuando escucharon que el Ejecutivo planeaba llevar el mínimo no imponible a un millón y medio de pesos. “No se puede admitir bajo ningún punto de vista”, remarcó Alberto Weretilneck (Río Negro), en diálogo con Radio Mitre. El asunto divide aguas entre los gobernadores: “Es una medida que genera descontento en este contexto. ¿Vale la pena pagar el costo político cuando el aporte se va a licuar por la inflación?”, especulan cerca de un gobernador de la UCR.

En las últimas horas Ignacio Torres (Chubut) impulsó la idea de separar el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e incorporarlo a la masa coparticipable para compensar a las provincias. Por su parte, en medio de la cumbre con Posse, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) pidió que el Gobierno pague las deudas por las actualizaciones del consenso fiscal firmado en 2017. Durante la cumbre, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, anticipó que la Nación asumirá ese compromiso y que girarán esos fondos. En cambio, Posse puso reparos respecto de la chance de que la Casa Rosada pague deudas con provincias como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos por las cajas jubilatorias. El jefe de Gabinete remarcó que Milei había decidido iniciar una serie de auditorías y advirtió: “Hay muchas provincias que se creen acreedoras y en realidad son deudoras”. La frase irritó a los mandatarios.

La Casa Rosada también buscó desactivar la batería de reclamos de los mandatarios en torno a eliminación del Fondo Nacional de incentivo docente -Posse descartó revisar esa medida, pero ratificó que mantendrán el financiamiento para el plan Jornada Extendida- o del Fondo de Transporte. Los caciques pusieron reparos frente a la idea del Gobierno de eliminar los subsidios a las empresas de transporte del interior y canalizar la ayuda social a través de la SUBE. Gerardo Zamora (Santiago del Estero) se mostró enfático a la hora de advertir sobre las dificultades para implementar esa medida en distritos del interior, donde la tarjeta no está habilitada. El Ejecutivo prometió agilizar esos trámites.

Posse y Guillermo Francos, ministro del Interior, anunciaron que conformarán dos comisiones para negociar la ley ómnibus y el Pacto de Mayo. La comisión económica, que integrarán Luis Caputo junto con los ministros de Hacienda de todas las provincias, estará destinada a estudiar la letra chica de las reformas o un nuevo esquema de coparticipación de impuestos. Los gobernadores están ansiosos por discutirlo, pero vislumbran que será difícil lograr un consenso político para rediscutir el reparto de la masa de fondos coparticipables.

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