Temores y dudas entre los militares por “puntos oscuros” en la participación de las Fuerzas Armadas en Rosario

Pese a que la participación de las Fuerzas Armadas en Rosario se limitará a operaciones de logística, de acuerdo al plan anunciado por el Gobierno, un alto grado de incertidumbre y preocupación rodea a muchos militares por considerar que persisten “puntos oscuros que no están muy definidos”, según pudo recoger LA NACION en fuentes castrenses.

“No aparece claro un marco legal que avale la intervención de los militares en esta operación. No hay reglas de empeñamiento”, advirtió un general retirado, al referirse a situaciones que podrían plantearse en las operaciones para frenar el avance de la criminalidad narco en Rosario. Si bien las Fuerzas Armadas no tendrán participación directa en los operativos y enfrentamientos, algunas voces se preguntan con qué herramientas legales actuará, por ejemplo, un militar cocinero o el chofer de un transporte del Ejército si se ve involucrado en una situación imprevista de ataque.

“El fantasma de los juicios y condenas por la represión de los 70 aún está vigente”, explicó la fuente castrense. “Sin el marco legal adecuado y sin reglas de empeñamiento claras y aprobadas por el poder político es una locura”, sintetizó otra voz militar. Dichas reglas podrían definirse por decreto presidencial o mediante una resolución del Ministerio de Defensa.

También se advirtió que las Fuerzas Armadas “no están equipadas, adiestradas ni instruidas para intervenir en la prevención de seguridad”. Tienen armas letales y no actúan con balas de goma, observan, ante la eventualidad de una respuesta a un ataque.

Cerca de la conducción de las Fuerzas Armadas, que participan de las reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, valoran la decisión estratégica del presidente Javier Milei de sumar a los militares en las operaciones previstas en la ley de seguridad interior. “Lo preocupante hubiera sido que en una situación tan problemática como la de Rosario no se tuvieran en cuenta a las Fuerzas Armadas”, explicaron a LA NACION.

Aún no está clara la dimensión que tendrá la presencia militar, tanto en el número de efectivos como en las unidades de medios y transportes. Se especula con que será un despliegue territorial y aéreo importante, para acrecentar el poder disuasorio que podría tener esa intervención.

Petri explicó en Rosario que “las Fuerzas Armadas van a trabajar en el transporte estratégico y táctico. También con las compañías de ingenieros y los elementos de comunicaciones, así como los de arsenales y de intendencia”, como está previsto en el artículo 27 de la ley de seguridad interior.

Confirmó, además, que en las próximas horas llegará personal de las Fuerzas Armadas a la zona en conflicto, provistos de vehículos, transporte, ingenieros, logística y comunicaciones para “posibilitar el auxilio y la cooperación con las fuerzas de seguridad nacionales y provincial”.

Fuentes militares, en tanto, recordaron la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, que en marzo de 2023 –hace exactamente un año- envió a ingenieros del Ejército a villas de emergencia en Rosario para trabajos de urbanización. “No fueron más de 20 efectivos”, señalan en la propia fuerza, al poner en evidencia la poca efectividad que tuvo ese emprendimiento

En términos más políticos, los escépticos en las unidades militares explican que “hasta hace seis meses las palabras seguridad y terrorismo estaban prohibidas”, al observar el giro que plantea la decisión del Gobierno.

El despliegue territorial y aéreo se produce en un escenario de recursos estrechos, dado que las Fuerzas Armadas, como el resto de la administración pública nacional, deben atenerse al presupuesto prorrogado de 2023, cuando en el camino pasó una inflación del 120 por ciento. Los militares prestarán apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos cobran desde hace tiempo ingresos más altos.

Zona desmilitarizada

Otro elemento para tener en cuenta es que el apoyo de las Fuerzas Armadas a las tareas de control del narcotráfico se dará en un territorio que fue desmilitarizado durante la gestión del gobierno kichnerista. El histórico II Cuerpo de Ejército, que tenía asiento en Rosario y era una de las primeras guarniciones del país, fue trasladado en 2011 a Curuzú Cuatiá y se convirtió en la actual 1ª. División de Ejército, por decisión de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.

En la zona sur santafesina existía, además, el Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército, que en 1974 sufrió un ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La unidad fue desmontada y trasladada en 2006 a Mercedes, en la provincia de Corrientes.

“En Rosario no hay unidades militares importantes para apoyar logísticamente a efectivos que llegan de otros lugares. Solo se encuentran la Base de Apoyo Logístico de San Lorenzo y el Liceo Aeronáutico. No son elementos aptos para ser empleados en este tipo de operaciones”, observó otra fuente castrense experta en la organización de fuerzas de despliegue territorial.

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