Se definió el tribunal que revisará el sobreseimiento de Macri en el caso de espionaje a familiares de los marinos del ARA San Juan

Tras una serie de excusaciones y recusaciones plantadas por los exjefes de la AFI durante el macrismo y por los familiares de los marinos muertos en el hundimiento del ARA San Juan, se definió el tribunal que revisará el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa donde se investiga si el expresidente ordenó realizar actividades de inteligencia sobre los parientes de los fallecidos, que reclamaban justicia.

Los jueces que integrarán la sala de la Cámara de Casación que debe decidir si deja firme ese sobreseimiento o si, por el contrario, lo revoca y ordena seguir investigando a Macri, son Guillermo Yacobucci y sus colegas Mariano Borinsky y Ángela Ledesma.

Ledesma es una jueza y profesora universitaria de tradición en los tribunales, con perfil garantista. Yacobucci, también profesor de Derecho, trabajó toda su vida en la Justicia penal y es un funcionario firmes convicciones. Ambos tienen miradas en ocasiones disímiles sobre la aplicación de la ley, pero son cuidadosos de las garantías de los acusados.

Borinsky, el más joven de los tres, es un exfiscal que acusó a Menem por el contrabando de armas, falló en contra del kirchnerismo con frecuencia en casos de corrupción y fue coordinador del equipo que redactó el nuevo Código Penal, nunca tratado por el Congreso. El kirchnerismo cuestiona a Borinsky por sus visitas a Macri en la quinta de OIivos, cuando era presidente, pero el juez dice que estuvieron motivadas por su trabajo en torno a la redacción del Código Penal.

Originalmente, el caso estaba en manos de los jueces Ledesma, Yacobucci y Carlos Mahiques. Mahiques fue recusado por familiares de las víctimas y los jueces Yacobucci y Ledesma lo apartaron del caso, porque se excedió en sus manifestaciones al contestar la recusación.

La sala así se integró con Alejandro Slokar, que fue a su vez recusado por la defensa de la cúpula de la AFI macrista integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, porque el juez Slokar criticó la política judicial del macrismo y denunció una persecución al Poder Judicial.

Apartado el juez Slokar, se sorteo a otro magistrado y fue designado Borinsky, que también fue recusado por los querellantes, familiares de los marinos muertos.

Ahora, los jueces Yacobucci y Diego Barroetaveña decidieron rechazar la recusación de Borinsky, ensayada por la querella, y aceptaron la excusación que planteó la jueza Ledesma, que, a su vez, había sido recusada por la defensa de Arribas.

Se había sorteado como tercer juez para resolver a Gustavo Hornos, que a su vez también fue recusado por algunos de los familiares de los marinos muertos. Al igual a Borinsky, le cuestionaban sus visitas a Macri cuando era presidente. Pero como Barroetaveña y Yacobucci estuvieron de acuerdo en rechazar la recusación de Borinsky y la excusación de Ledesma, no fue necesario que Hornos interviniera en el caso por lo que se declaró abstracta su recusación.

La jueza Ledesma dijo que efectivamente ya había opinado anteriormente y que los acusados señalaron que estaba afectada la garantía de imparcialidad, por lo que le correspondía apartarse de intervenir en la resolución sobre la excusación de Borinsky.

Ahora serán los jueces Yacobucci, Ledesma y Borinsky lo que resuelvan. El primer paso -de no mediar nuevas recusaciones- es convocar a una audiencia y escuchar a los querellantes, a los abogados defensores y al fiscal Raúl Pleé de la Casación, que reclamó revocar el sobreseimiento de Macri, y de los exdirectores de la AFI Arribas y Majdalani.

Macri había sido sobreseído por la Cámara Federal con el voto de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Pleé dijo que ese decisión fue “a todas luces prematura”. La Cámara Federal dijo que no hubo espionaje sobre los familiares de los muertos cuando se los fotografió en cercanías de la Base Naval de Mar del Plata, sino que se estaban realizando tareas de seguridad preventivas antes de la visita presidencial al lugar.

Sobre las actividades de inteligencia desplegadas por la AFI, y que la Cámara Federal consideró legales, Pleé dijo: “No ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad”.

Se refirió así a las manifestaciones en las que los familiares de los tripulantes reclamaban al Estado, incluso en misas y otras actividades que se llevaron a cabo para pedir justicia y la búsqueda del submarino.

En su dictamen, el fiscal consideró: “Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraban reunidas para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”. Y agregó que el fallo de la Cámara Federal se sustenta en “afirmaciones meramente dogmáticas, carentes de toda fundamentación”.

“La desvinculación de la causa resulta improcedente, por cuanto los elementos de prueba hasta el momento producidos sustentan -en grado de probabilidad- la eventual responsabilidad penal de los encartados en los hechos que se les atribuyen, de manera tal que el sobreseimiento dictado resulta claramente prematuro y confronta con la necesidad de evaluar más ampliamente la actuación de los imputados”, agregó Pleé.

Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens habían dicho que las acciones de inteligencia sobre los familiares de las víctimas no constituyeron un delito y que estuvieron fundamentadas con el fin de resguardar la seguridad presidencial, un argumento que fue refutado luego por Pleé.

El caso había pasado de los tribunales de Dolores a los de Comodoro Py por una cuestión de competencia que fue resuelta luego de que el juez federal suplente de ese tribunal, Martín Bava, indagara al expresidente y dictara su procesamiento. La causa fue iniciada por una presentación de la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, que denunció en la Justicia las acciones de inteligencia llevadas adelante por la gestión de Arribas y Majdalani al frente de la AFI contra quienes en ese entonces reclamaban al Gobierno de Macri por el submarino.

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