Los proyectos sobre Ganancias y movilidad jubilatoria no pasan el filtro opositor y tendrán modificaciones en Diputados

Buenas y malas noticias para la Casa Rosada. La buena noticia es que los bloques dialoguistas de la oposición acompañarán, en la Cámara de Diputados, la nueva “Ley de Bases” en su versión acotada. Será, para el presidente Javier Milei, toda una reivindicación después del intento fallido por aprobarla en enero pasado y un aliciente en el avance hacia su “Pacto de Mayo”.

La mala noticia es que estos mismos diputados, incluso la bancada de Pro –aliada al oficialismo- buscarán modificar dos capítulos claves del paquete de leyes por venir. Uno de ellos es el referido a la movilidad de los haberes jubilatorios. El otro es el que reinstala la aplicación del impuesto a las Ganancias a los asalariados de la cuarta categoría, iniciativa incluida en un ambicioso paquete fiscal y que prevé alcanzar a 1,5 millón de trabajadores.

Ambas cuestiones, por su fuerte impacto en los ingresos y gastos del Tesoro, concentrarán toda la atención en las negociaciones que arrancaron la semana pasada entre la Casa Rosada, los bloques dialoguistas y los gobernadores. El ministro de Economía, Luis Caputo, celoso de preservar los superávits alcanzados en el primer bimestre del año, mira con especial inquietud lo que sucederá con las jubilaciones, el mayor rubro en el gasto. Hizo saber a los legisladores que para el fisco sería un golpe letal si se aprobaran las propuestas presentadas por los distintos bloques que, con matices, buscan que a partir de abril los haberes se indexen por el índice de precios y que, además, ese mes se le compensen a los jubilados y pensionados lo que perdieron por la inflación de enero, que trepó al 20,6%.

Caputo acepta indexar los ingresos jubilatorios por inflación a partir de abril –así figura en el borrador de la nueva Ley Bases- pero solo reconoce una compensación parcial de 10 puntos por enero. Difícilmente prospere ya que incluso el bloque de Pro, aliado al Gobierno, cree que Economía podría hacer un esfuerzo mayor. “Una compensación total implicaría un gasto de 2600 millones de dólares”, advierten desde el oficialismo. Los legisladores insisten que Economía les revele los números de impacto fiscal, pero hasta ahora no tuvieron suerte.

Mientras tanto el reloj corre y el Gobierno demora el envío al Congreso de la nueva fórmula de movilidad. Así las cosas, los haberes jubilatorios terminarán el primer trimestre del año con una pérdida de poder adquisitivo del 42% respecto a igual trimestre de 2023, estima el economista Nadin Argañaraz. Para el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, que perciben bono, la pérdida será del 28% entre ambos trimestres.

“No puede esperar más la temática jubilatoria. Cualquiera que sea la suerte de la nueva ley ómnibus, lo que no puede esperar más es la suerte de los jubilados”, apuró Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical, tras la reunión con el ministro Guillermo Francos el viernes pasado. La estrategia de dilación ha sido hasta ahora fructífera para el Gobierno, ya que la licuación del gasto previsional le ha permitido mostrar equilibrio fiscal en el primer bimestre del año.

Difícilmente pueda demorar demasiado tiempo más. El miércoles pasado un sector de la oposición –Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria, la izquierda y media decena de diputados radicales díscolos- estuvo a solo cinco votos de alcanzar el quorum en el recinto para forzar al oficialismo a que apure el tranco y dé la discusión del problema jubilatorio. A los libertarios los salvó la tormenta –que canceló varios vuelos desde el interior- y la decisión del radicalismo de no bajar a la espera de un guiño del Gobierno.

“Aguantamos una vez, pero no dos veces. Si se convoca a una nueva sesión especial porque el Gobierno demora una solución, vamos a tener que bajar por presión de nuestro electorado. Si eso sucede va a haber quorum y el oficialismo pierde”, le advirtieron los radicales a los funcionarios.

Ganancias

Las negociaciones por la reversión del impuesto a las Ganancias prometen ser aún más complejas y conflictivas, pues allí entran en juego los intereses de los gobernadores. Solo un puñado de ellos –los que comandan provincias con bajas dotaciones de asalariados que estarían alcanzados- la reciben de buen grado por la suba en sus ingresos coparticipables. El resto, sin embargo, no quiere afrontar el costo político que implicaría, en un contexto recesivo y de caída de ingresos, que un millón y medio de trabajadores vuelva a pagar el impuesto.

Según la iniciativa que trascendió de Economía, el tributo se aplicaría a partir de un piso mínimo no imponible de $1,1 millón de sueldo neto para solteros y de $1,5 millón neto para contribuyentes casados con dos hijos. En el caso de los trabajadores autónomos, el mínimo no imponible es más bajo y equivale a $885.310, para un soltero sin hijos, mientras que es de $1.253.700 para un casado con 2 hijos.

Si bien la iniciativa establece alícuotas progresivas que van del 5 al 35% según la magnitud del salario a ser actualizadas trimestralmente por el índice de inflación, plantea la eliminación de una serie de exenciones y conceptos que no estaban alcanzados. Entre ellas, el aguinaldo, bonos por productividad, horas extras, gastos de movilidad y remuneraciones percibidas por guardias obligatorias. El bloque de Pro ya anticipó que buscará preservar algunas de estas exenciones.

Los más duros son los mandatarios patagónicos de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, los mismos que en el Senado bajaron línea a sus delegados para que rechacen del mega DNU 79/23. “No estamos de acuerdo con reimplantar el impuesto”, adelantaron. Desde Córdoba, Martín Llaryora advirtió que el piso mínimo no imponible propuesto por el Gobierno es demasiado bajo; lo mismo se escucha en las filas del bloque radical.

“No hay impuesto más progresivo en el mundo que el impuesto a la renta, siempre y cuando esté bien diseñado en sus escalas. Durante el kirchnerismo se aplicaba el 27% a partir del piso mínimo, lo que provocaba que buena parte de los asalariados tributaran. Lo óptimo sería graduar con alícuotas mínimas, del 1 o 1,5%, a los ingresos menores e ir subiéndolas a medida que son mayores”, explica el radical Alejandro Cacace.

Este panorama anticipa que, así planteado, el esquema del Gobierno no conseguirá mayoría en el Congreso. Algunos proponen, como el gobernador chubutense Ignacio Torres, coparticipar el impuesto al cheque para compensar lo que no perciben de coparticipación por Ganancias. El Gobierno lo rechaza de plano, ya que implicaría compartir su recaudación con las provincias.

Algunos bloques dialoguistas, en tanto, insistirán en elevar el piso mínimo no imponible para que solo los asalariados de ingresos más altos se vean afectados; otros, en cambio, creen que la solución estaría en calibrar mejor las escalas de las alícuotas para preservar la progresividad del impuesto. Todo esto redundaría, por contrapartida, una menor recaudación final del impuesto, algo que el Gobierno preferiría evitar.