La Corte intervino en la insólita disputa entre la exmujer de Lázaro Báez y la abogada del empresario por el dinero de la manutención

El insólito conflicto viene de años, pero un fallo de la Corte Suprema volvió a traerlo a la luz. Norma Calismonte, exmujer del empresario patagónico Lázaro Báez –condenado en las causa Vialidad y “La ruta del dinero K”– había denuncia a la abogada de su exmarido, Elisabeth Gasaro, tras acusarla de quedarse con plata que le correspondía tras la disolución de la sociedad conyugal, en noviembre de 2015. La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves un conflicto de competencias y determinó que el expediente tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N°29.

Concretamente, Calismonte señaló que “durante mucho tiempo” la abogada le entregaba dinero en forma “irregular y discontinuada”, y que nunca supo de donde provenían los fondos. Según indicó la exmujer del empresario cercano a Néstor y Cristina Kirchner en su acusación, sospechaba de que se habían realizado desvíos de dinero puesto que la Gasaro y su hermano habrían ampliado su patrimonio y constituyeron sociedades.

Calismonte precisó, además, que una firma a cargo de Gasaro tendría el mismo domicilio que la empresa Austral Construcciones. Por ello, estimó que los actos de insolvencia denunciados podrían tener como objeto bienes y valores que constituyeran materia de investigación ante el fuero federal.

La Justicia Nacional consideró que este dinero podría haber alcanzado a los fondos del Estado Nacional que se pretenden recuperar en el marco de la causa conocida como “Ruta del dinero K”, que afecta a la familia Kirchner, y delegó el caso a la Justicia Federal.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, en tanto, rechazó la atribución de competencia por considerarla prematura. Sostuvo que el juzgado nacional no había realizado investigación alguna que permitiera conocer el objeto del proceso. Además, señaló que no se verificaba en el caso la supuesta vinculación con las causas a su cargo, ya que no existían coincidencias de maniobras, ni identidad de sociedades, ni concordancia en las fechas.

Este conflicto de competencias llegó al máximo tribunal, que declaró la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 para seguir investigando la denuncia presentada por Calismonte y delimitar adecuadamente el objeto del proceso.

La Corte señaló que la denuncia formulada presenta “términos vagos e imprecisos”. “Se afirma categóricamente que Gasaro y su hermano habrían perjudicado el patrimonio de la sociedad conyugal para evitar el recupero de activos, pero no consta que se hayan realizado las diligencias de verificación para esclarecer además las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían ocurrido los hechos denunciados, máxime cuando las respuestas brindadas por Calismonte al ratificar su denuncia tampoco contribuyeron a esclarecer esos aspectos”, argumentó el máximo tribunal de justicia.

Es que Calismonte declaró que “no conoce con exactitud” qué tipo de relación vinculaba a Gasaro con Báez, ni en qué fechas concretas habría sido ella su apoderada. También declaró que no hubo división de bienes de la sociedad conyugal en virtud de una relación de confianza que la unía a su exesposo, e inclusive que las presuntas operaciones de desvío de dinero en perjuicio del acervo conyugal habrían obedecido a “meras sospechas”.

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