El Gobierno y la CGT exploran una tregua y se abre un interrogante sobre uno de los puntos más polémicos de la Ley Bases

Guillermo Francos participará hoy de un panel con Gerardo Martínez en la Feria del Libro. Será la segunda actividad en cuatro días que compartirán el ministro del Interior y el jefe de la Uocra, uno de los sindicalistas más influyentes desde la década del 90 hasta la actualidad. El título de la obra que los convoca no es casualidad: se trata de La Gestión del Diálogo, del periodista Gonzalo Aziz.

Francos es el embajador que impuso Javier Milei con quienes el Presidente considera “la casta”. Gobernadores, legisladores y sindicalistas son sus interlocutores casi cotidianos desde el 10 de diciembre. Con los gremios, su debut fue un fracaso, lo que condicionó la relación a futuro. Iban apenas seis días de gobierno cuando asistió a una cumbre secreta en la Uocra con el ala dialoguista de la CGT para adelantarles el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, cuya presentación era inminente. Nada de lo que se conversó allí se reflejó horas después en el decreto presidencial, según recordaron fuentes de ambos sectores. Francos había asistido a ese encuentro furtivo con Julio Cordero, el actual secretario de Trabajo, pero que en ese momento era abogado a sueldo del Grupo Techint y asesor ad hoc de La Libertad Avanza. Un presunto conflicto de intereses que pasó casi de inadvertido entre el fragor de los primeros días de gestión.

El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación entre los gremios. Nunca se había hablado con Francos ni Cordero sobre la posibilidad de transformar la huelga en un delito ni de limitar la recaudación y la representación sindical, como surgía de la letra chica del capítulo laboral del DNU, que fue finalmente judicializado y está hoy suspendido a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. A Francos le llevó meses reconstruir el vínculo con la CGT. En el camino, cayó Omar Yasin, el secretario de Trabajo impuesto por Jorge Triaca que encontró esta semana un atajo en la Legislatura porteña para intentar cumplir con su deseo de contar una justicia laboral propia en la Ciudad de Buenos Aires, la cuna de Pro.

Durante el proceso de reconstrucción del vínculo, en el que se dieron el primer paro general, el del 24 de enero, y una movilización a los Tribunales, Francos cruzó mensajes casi a diario con Martínez, el representante sindical del rubro industrial más golpeado. La construcción cayó en marzo un 42,2% interanual y el sindicato ya reportó la pérdida de 120.000 puestos de trabajo en cinco meses producto del freno a la obra pública. Martínez está hoy en una difícil encrucijada: endurecer su reclamo o alinearse con los gobernadores dialoguistas para procurar una reactivación de la obra pública que le permita mantener la empleabilidad en su área de influencia. El fondo de cese laboral de la Uocra, tan elogiado por Milei e incluso por Roberto Lavagna, ya dejó de ser un atractivo si es que el albañil no encuentra en el corto plazo un nuevo emprendimiento al cual incorporarse. Otro coletazo de la inflación voraz y de la caída salarial permanente.

La reforma laboral light que se incluyó en la Ley Bases, en la que se mantienen intactas la caja y la representación sindical, fue fruto de negociaciones entre Francos, la CGT y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, un aliado clave en la estrategia legislativa de los libertarios. El ministro del Interior también ofició de mediador entre conflictos que preocupan a los gremios, como fue el intento de Luis Caputo de fijar un cepo salarial que limitara las paritarias. En esa pelea también se involucró Santiago Caputo, sobrino del ministro de Economía y asesor estrella de Milei, que intercedió personalmente para destrabar el acuerdo de los camioneros de Hugo Moyano. El joven Caputo supo cómo despejar las dudas que los popes sindicales tenían sobre él en su primer mano a mano con ellos en la Casa Rosada, el 10 de abril. A pesar de ese intercambio auspicioso, la CGT convocó al día siguiente al segundo paro general, que se concretó el jueves pasado y tuvo un fuerte impacto por la adhesión casi total de los gremios del transporte. Desconfianzas que guían hoy la relación entre libertarios y sindicalistas.

Después de la contundencia de la huelga del jueves, en la CGT gana consenso la idea de frenar la conflictividad y no avanzar en un esquema de protestas a repetición para desgastar a un gobierno que todavía no cumplió un semestre en el poder. La estrategia está condicionada a lo que suceda con la Ley Bases y el curso de la economía. Los gremios pretenden hacer valer su poderío entre los legisladores peronistas para voltear la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Les preocupa principalmente la reforma laboral, si bien es una versión acotada a la que los gremialistas lograron edulcorar, y la restitución del impuesto a las ganancias, que, de avanzar, afectaría a los petroleros, bancarios y algunos rubros del transporte. Las presiones sobre los senadores se acentuarán hasta el día de la votación. En la CGT ya se trabaja en un seguimiento casi personal de por los menos los 33 senadores de Unión por la Patria. “Si la ley sale, que salga. Pero ustedes 33, si se consideran peronistas, tienen que votar en contra. Si no habrá consecuencias”, les deslizó con su habitual sutileza Pablo Moyano cuando recibió al bloque que encabeza José Mayans en el 5° piso de la sede central, en Azopardo. La semana próxima una comitiva sindical volverá desfilar por alguna comisión del Senado para reforzar el rechazo.

Interrogantes sobre el RIGI

Surgió otro capítulo de la Ley Bases y el paquete fiscal al que oponerse: el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “Permite inversiones que no dejan nada a cambio para el país y se les permite traer bienes sin aranceles, lo que destruye la cadena de valor y la industria nacional”, dijo Héctor Daer en la conferencia en la que se evaluó los alcances del paro general. El jefe de la CGT no dijo mucho más, pero reconoció así que en ese ítem sería necesario poner la lupa.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, admitió con sinceridad brutal en la comisión ante senadores no haber leído el articulado sobre el RIGI que fue a defender. Insólito. Mientras eso sucedía, el Presidente regresaba de Los Ángeles de un viaje al que fue con la intención de atraer inversores. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía se reunieron con ejecutivos de Citibank, IBM, Chevron, Blackstone, Carlyle, Fortress, Eldrige, entre otros. Milei y Gerardo Werthein, el empresario y embajador argentino en Washington, tuvieron un segundo encuentro con el magnate Elon Musk en menos de un mes. ¿El RIGI está hecho a medida para ese tipo de inversores?

Quien realmente blanqueó cuáles son las intenciones detrás del RIGI fue Pichetto, al avalar el proyecto oficial en Diputados. Precisó que es para desarrollar la explotación minera, petrolera y gasífera. “Quiero recordar que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se firmó un contrato secreto con Chevron. Fue impenetrable. Un diputado tuvo que hacer un requerimiento judicial para acceder al contenido. Tenía que ver con Vaca Muerta. Había que darle garantías. El RIGI es para la explotación minera, petrolera y gasífera. Estas son las inversiones que la Argentina necesita. A la soberanía la entregamos cuando importábamos barcos gasíferos. Quiero desmitificar este tema. No es cierto que será la entrega del patrimonio y de la soberanía de la Argentina. Ojalá que vengan inversiones para poner en marcha la minería. Hubo falta de decisión política en muchas provincias”, defendió Pichetto el rosario de beneficios impositivos y legales que se les brindaría a los posibles grandes inversores, entre los que estaría Elon Musk.

En el Gobierno y en la CGT comenzaron a mirar con mayor detenimiento los sectores que estarían impactados directamente por el RIGI. Los principales sindicalistas que tallan en estas actividades priorizaron el silencio al ser consultados por LA NACION sobre las ventajas y desventajas de la iniciativa. Callaron Oscar Mangone (Sindicato del Gas), Marcelo Rucci (Petroleros) y Héctor Laplace (Mineros). Salvo Mangone, un viejo lobo que supo llevarse bien con todos los gobiernos de turno, Rucci y Laplace exhibieron señales de resistencia.

El petrolero, sobre todo, por la posible restitución del impuesto a las ganancias. De hecho, ya paralizó yacimientos a modo de protesta anticipada. Laplace, se mostró esta semana con Carlos Tomada, el exministro de Trabajo kirchnerista, y expresó una serie de reparos al rumbo económico que trazó Milei. Sobre el RIGI, dijo en Radio Olavarría: “No es necesario en la Argentina para la minería. Es nocivo para nuestra actividad. Tenemos la ley 24196 [inversiones mineras] que data desde 1993 que contempla regímenes especiales para la importación y exportación. El RIGI pone hoy parámetros que debe haber inversiones mayores a 200 millones de dólares. ¿Quién tiene hoy 200 millones para invertir en una cantera que está parada? Es una inmoralidad. Vamos a explotar el litio, pero no para abrir una fábrica de baterías. Lo vamos a exportar. Vamos a hacer un país activista, solamente. Hay errores garrafales. Las grandes empresas se la van a llevar toda”.

También mantuvo un sugestivo silencio Claudio Marín, el militante kirchnerista que está al frente del poderoso gremio de las telecomunicaciones, un sector en el que ya desembarcó Musk con Starlink. Suma incertidumbre en esta actividad la posibilidad que la Justicia revoque el llamado a licitación del 5G ante un planteo judicial en la Enacom para que no participen Telefónica ni Telecom porque exhiben incumplimientos por no abonar la participación a las ganancias a sus trabajadores conforme lo acordado en los pliegos de licitación por la compra de Entel, cuando se privatizó el servicio, según la presentación que hizo la abogada Liliana Zabala.

Son apenas algunos de los obstáculos políticos, judiciales y sindicales que Milei deberá resolver (o negociar) antes de tenderle la alfombra roja a los inversores.

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