El financiamiento de Cambiemos: qué empresas aportaron y las dudas que deberá dirimir la Justicia

Juntos por el Cambio puso a prueba durante esta campaña los límites de la nueva ley que regula el financiamiento electoral. Aportes indirectos de empresas contratistas del Estado, que tienen prohibido poner dinero, y grandes compañías que superan el máximo de las donaciones permitidas a través de pagos de distintas firmas del mismo grupo. Esos son los dos principales conflictos que tendrá que interpretar la Justicia cuando revise los números del oficialismo, cuyo principal financiamiento fueron donaciones de empresas por un total de $110 millones.

Uno de los casos más emblemáticos, porque aglutina estas dos características, fueron las donaciones realizadas por firmas vinculadas al empresario Marcelo Mindlin, que desembolsaron $8,7 millones para la campaña presidencial de Mauricio Macri, según detectó LA NACION. La firma Orígenes Seguros de Retiro aportó $4,5 millones y el Grupo Emes, otros $4,2 millones, como consta en el informe oficial de Juntos por el Cambio presentado ante la Cámara Nacional Electoral.

El Grupo Emes no firmó contratos con el Estado, pero controla a la firma Sacde (antes llamada Iecsa, la empresa que era de Ángelo Calcaterra), que construyó un tramo del Paseo del Bajo y que también participó del soterramiento del tren Sarmiento. La nueva ley electoral establece que están prohibidas las donaciones de "contratistas" del Estado, pero no hace referencia alguna a esta relación indirecta.

Como también sucede con otras empresas que donaron al oficialismo, las firmas vinculadas a Mindlin hicieron -por separado- aportes por debajo del máximo permitido. La suma de todas las donaciones del grupo económico superan el techo de donaciones impuesto por la ley de $4.6 millones para la campaña presidencial en las PASO. Ante la consulta de este diario, desde la empresa decidieron no hacer comentarios.

Las donaciones de empresarios tucumanos y una firma vinculada a un gremio, clave para el financiamiento de Alberto Fernández.

"Es una ley nueva que utiliza términos amplios y que desde la Justicia todavía no interpretamos sobre casos concretos. Sabemos que habrá que pronunciarse sobre temas como el límite de aportes de personas jurídicas y, además, sobre las donaciones de los ‘contratistas’ del Estado -y todos sus vericuetos-, que la ley prohíbe", explicó una fuente judicial con poder de decisión sobre el tema.

El principal sustento económico de la campaña presidencial de Macri fueron dos grandes compañías vinculadas al campo. Vicentín Hermanos donó $13.5 millones y el Grupo Aceitera General Deheza (AGD) aportó otros $10 millones para financiar al oficialismo en las PASO, según el análisis realizado por LA NACION del informe oficial.

Como ocurrió en el caso antes mencionado, las compañías hicieron donaciones pequeñas con distintas razones sociales que forman parte del mismo grupo. Vicentin Hermanos, el máximo aportante de Juntos por el Cambio, donó $4,5 millones con Algodonera Avellaneda SA, también el mismo monto con Oleaginosa San Lorenzo SA y otros tantos millones con Friar SA, todas vinculadas al holding, según reconstruyó este medio.

Las empresas del Grupo AGD realizaron donaciones que, en total, suman $10 millones, distribuidos entre Aceitera General Deheza ($4 millones), Niza SA (3,5 millones) y Aceitera Chabas (2,5 millones). Pese a financiar la campaña del oficialismo, Roberto Urquía, referente de AGD, agasajó la semana pasada a Alberto Fernández con un almuerzo en Córdoba. Y Mindlin también mantuvo en encuentro a solas con el candidato a presidente del Frente de Todos después de su triunfo en las PASO. Las compañías mencionadas decidieron no hacer comentarios sobre el tema al ser consultadas por LA NACION.

La agroindustria fue, por lejos, el principal financista del oficialismo en las PASO. Hubo donaciones de 23 firmas agropecuarias, frigoríficos oleaginosas e industrias vinculadas al campo que aportaron, en total, más de $24 millones, según el relevamiento de este medio. El sector financiero, con firmas vinculadas a bancos y grupos inversores, sumó $9 millones. El retail desembolsó $6,2 millones, y los petroleros aportaron $5,6 millones, entre otros.

Hubo más grupos empresarios que dividieron sus aportes al oficialismo en pequeños montos a través de distintas firmas. Por ejemplo, Banco Galicia, que distribuyó $4,5 millones (el máximo) entre Tarjetas Regionales ($1 millón), Tarjeta Naranja ($1,5 millones), Sudamericana Holding ($800.000) Cobranzas Regionales ($600.000) y Ondara SA ($600.000).

"El esquema de aportes lo deciden las empresas, nosotros solo chequeamos si está el correcto en lo legal y ahí decidimos si avanzamos o no. En este caso estamos hablando de todos CUITs distintos, diferentes razones sociales", argumentaron desde Pro ante la consulta de LA NACION. Tanto desde el oficialismo como desde otras fuerzas políticas están convencidos que sólo podrían violar la ley los aportes que superan el máximo legal siempre que sean realizados desde una misma razón social, un atajo que evita el aporte segmentado a través de distintas firmas.

La única compañía que desembolsó fondos tanto para Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos fue Aluar SA. La firma del Grupo Madanes aportó $4,5 millones para la campaña del oficialismo y otros $900.000 para la fórmula Fernández-Fernández.

Otras empresas que, dentro del máximo permitido, hicieron donaciones a la campaña de Macri por $4,5 millones cada uno fueron: Cheek SA (del cuñado del Presidente), Sicma SA (Pérez Companc), J-5 Argentina SA, y los frigoríficos Arrebeef SA, Offal Ex SA, Frigorífico Gorina SA y Frigorífico Rioplatense SAICIF.

¿Cuáles son las consecuencias ante delito electoral? La nueva ley estipula una sanción económica para los partidos políticos que implica la quita de fondos públicos por un período de entre uno a cuatro años. Y los empresarios puede hacer frente a una multa equivalente a diez veces el monto que sobrepasaron del máximo permitido. Pero los tiempos de la justicia electoral puede jugarles a favor. La jueza María Servini todavía no resolvió -a pesar del pedido de la Cámara Electoral- las irregularidades de todos los partidos políticos en el financiamiento de la campaña electoral de 2015, cuyos informes ya fueron desaprobados por diversas inconsistencia