El Consejo definirá el curso de las denuncias contra tres jueces de la Casación

El Consejo de la Magistratura tiene un total de 250 expedientes en trámite contra jueces y juezas de todo el país, iniciados entre comienzos de 2018 y la semana pasada. Unas 30 de esas causas, según una planilla a la que accedió LA NACION, son contra jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se concentran los expedientes más comprometedores para la política.

En lo que va del año 37 magistrados fueron denunciados por sus conductas. Tres son jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal contra el cual el Gobierno apunta cada vez más fuerte: Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Estos dos últimos habían sido incluidos en la lista negra de jueces que mencionó Alberto Fernández en mayo de 2019. Este martes se definirá qué miembros del Consejo de la Magistratura llevarán adelante las causas para investigarlos a Riggi y a Gemignani, mientras que el expediente contra Hornos está a cargo de Diego Molea, presidente del Consejo.

A Riggi lo denunció el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner en la mayoría de las causas judiciales que enfrenta y también del empresario Fabián De Sousa. Beraldi lo señaló por haber “ayudado” a Macri y haberle quitado pruebas a la jueza María Servini, que interviene en la causa donde se investiga si el expresidente orquestó una persecución contra el Grupo Indalo.

Servini había pedido el entrecruzamiento de llamados que comprometería a Macri, y Riggi hizo lugar a un recurso de la defensa del expresidente. Le ordenó a Servini enviarle todas las actuaciones de la causa y, según Beraldi, paralizó el expediente. El diputado Rodolfo Tailhade, activo denunciante, adhirió a esta denuncia y pedido de remoción.

El caso de Hornos no solo consiste en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura sino también una denuncia penal, ambas formuladas por el ahora ministro de Justicia Martín Soria y otros diputados kirchneristas. Lo acusan de haber participado de las maniobras de “lawfare” por haberse reunido con Macri en Olivos y en la Casa Rosada, encuentros que él reconoció, y que incluso le causaron cuestionamientos de parte de algunos colegas suyos en la Casación.

Por último, la denuncia contra Gemignani la presentó el propio presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea, después de que trascendiera el mensaje machista que mandó el juez al grupo de Whatsapp que comparte con sus 12 colegas de la Casación. “Feliz día, delincuentes”, comenzaba el mensaje que tipeó Gemignani el pasado 8 de marzo. El mensaje “configura un claro supuesto de violencia contra la mujer”, consideró Molea en la denuncia por mal desempeño.

Gemignani ya fue sancionado por un episodio sucedido hace casi cinco años, cuando ordenó detener en la dependencia de la Policía en los tribunales a una secretaria que se negó a hacer un inventario que él le había ordenado.

Las nuevas denuncias contra los jueces de la Cámara de Casación se van a sortear el martes próximo en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo para determinar quiénes van a ser los consejeros encargados de investigarlas.

Según la oposición, estos pedidos de juicio político no van a prosperar. Si bien el kirchnerismo tiene la mayoría necesaria para aplicarles una sanción disciplinaria a los jueces, no reúne los votos para abrirles un juicio político.

Los miembros oficialistas de este órgano se alinearon la semana pasada detrás de las palabras del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, que dijo reiteradamente que hay “jueces del lawfare”. Molea dijo que comparte la mirada de Soria sobre el Poder Judicial, y la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley dijo, también en línea con lo que sostuvo Soria, que el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal tiene que dejar su cargo “inmediatamente”.

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