Clima de malestar con Milei en la Corte

Los elegantes corredores de la Corte Suprema de Justicia estaban habitados por personas apacibles desde que dejó el gobierno el dueto Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Ese clima de serenidad cambió abruptamente en las últimas horas, cuando a los jueces supremos les llegó la versión cierta de que el presidente Javier Milei se predispone a enviar al Senado en los próximos días un pedido de acuerdo para designar como miembro del más alto tribunal de justicia del país al actual juez federal Ariel Lijo. En la Corte hay una vacante desde que se jubiló la jueza Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, hace más de dos años. La administración de Alberto Fernández ni siquiera envió al Senado un candidato (o candidata) para cubrir esa vacante porque sabía que nunca alcanzaría los dos tercios de los votos de los senadores, necesarios para el acuerdo de un juez de la Corte.

En días recientes, la eventual nominación de Lijo puso en guardia a los tres jueces supremos que integran la mayoría del cuerpo: Horacio Rosatti, presidente; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Juan Carlos Maqueda, juez decano de la Corte. Según funcionarios del tribunal, los preocupa la figura de Lijo por dos razones. Una: la vacante de Highton de Nolasco debería ser cubierta por una mujer, ya que en ese tribunal no hay ninguna. En el país existen, desde ya, muy valiosas mujeres constitucionalistas. La otra: Lijo es un juez muy polémico por varias razones, pero pudo en su momento lograr el control político de gran parte de la justicia federal penal de Comodoro Py, con la sola excepción de Claudio Bonadio, que nunca aceptó la jefatura de nadie. Una tercera razón que se dice en voz baja consiste en que Lijo fue siempre un magistrado que contó con el padrinazgo político de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte y expresidente de ese cuerpo, que está muy distanciado del resto de sus colegas en el empinado tribunal. La protección que Lorenzetti ejerció sobre Lijo, para que este consolidara su liderazgo político en Comodoro Py, fue muchas veces clara y explícita.

Según versiones coincidentes en la Justicia, Lorenzetti habría enhebrado una relación directa con Milei; señalan también que el Presidente prefiere ahora colocar en la Corte un juez más cercano al expresidente del tribunal que consultar un nombre con la mayoría del cuerpo, que es a lo que el jefe del Ejecutivo se había comprometido cuando accedió al poder político. “Los otros tres son demasiado escurridizos”, se escuchó decir cerca de Milei. En verdad, no es correcto que el Presidente consulte con los jueces de la Corte el nombre de otro miembro del tribunal (sería una manera de no respetar la división de poderes), pero tampoco es pertinente que nombre a un juez al que lo rodea de antemano la prevención y la suspicacia de la mayoría de los jueces supremos. Sería esta una manera de declarar otra vez una guerra entre el Ejecutivo y la Corte cuando ningún juez de ese tribunal quiere volver a las beligerancias del pasado.

Llama la atención, en primer lugar, que el Presidente prefiere contar con la simpatía de dos eventuales jueces de la Corte, aunque para eso deba tomar distancia de los otros tres, que seguirán constituyendo una mayoría. Raro en una persona como Milei, que se autodefine como un resultadista nato. La explicación que se escuchó en oficinas de la Justicia es que el juez Lorenzetti cultivó una relación frecuente con la administración libertaria (también lo hizo, debe consignarse, con la de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández), mientras que los otros tres eligieron siempre preservar la independencia de la Corte de los vaivenes políticos.

De todos modos, debe tenerse en cuenta que ese candidato deberá atravesar la aprobación de los dos tercios de los votos del Senado. Por ahora, y nadie dice que pueda haber otra cosa en el futuro inmediato, la Corte está integrada por cinco jueces, según un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner. Ahora hay cuatro jueces supremos (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti) después de la jubilación de Highton de Nolasco. La primera objeción que seguramente pondrá gran parte del Senado será que la eventual designación de Lijo bloqueará el acceso de una mujer a la Corte y que esta quedará integrada absolutamente por hombres. Hasta no hace mucho había dos mujeres en ese tribunal: estaba también Carmen Argibay, además de Highton de Nolasco. Además, el kirchnerismo, que controla un porcentaje importante de los votos del Senado, es un crítico histórico de lo que llama la “corporación judicial”, a la que aspira ver bajo el control de la política. Lijo es un cabal exponente del establishment judicial. Cristina Kirchner intentó colocar a la Justicia bajo el mando de la política con la ley de “democratización de la Justicia”, pero esa norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. La actual composición del Senado obliga al peronismo y al no peronismo a llevar nombres consensuales cuando se necesitan los dos tercios de los votos. Ninguno de los dos grandes grupos está en condiciones de alcanzar por sí solo esa mayoría tan especial del Senado. De hecho, el actual procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales), Eduardo Casal, es un fiscal de carrera que ocupa interinamente ese cargo desde hace casi siete años; la política no pudo ponerse nunca de acuerdo para darle la aprobación del Senado a un nuevo procurador. Ese cargo, que es equivalente al de un miembro de la Corte, necesita también los dos tercios de los votos senatoriales. La candidatura de Lijo podría resultar solo un fugaz capricho.

Fuentes inmejorables de la Corte aseguraron que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es ajeno a la operación que intenta nombrar a Lijo en el tribunal. “El ministro le soltó la mano en enero a ese candidato”, dijeron mientras precisaban, queriendo o sin querer, que el nombre de Lijo empezó a rodar como candidato a juez de Corte desde poco después de que Milei asumiera la Presidencia. La versión señala también que la eventual nominación de Lijo sería la consecuencia de un acuerdo directo entre Milei y Lorenzetti. Suena extraño, en efecto, que un abogado penalista, dueño de un importante estudio jurídico, como es Cúneo Libarona, prefiera enemistarse con la mayoría de la Corte Suprema.

Otro asunto especialmente sensible para la política aparecerá ruidosamente en los próximos días. Los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, están trabajando en una modificación de la ley de Seguridad Interior y del decreto reglamentario de la Ley de Defensa. Los cambios tratarán de legalizar la incorporación parcial de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. Desde la restauración de la democracia, en 1983, ambas leyes les prohíben a las Fuerzas Armadas incursionar en asuntos internos del país, ya se trate de cuestiones de los servicios inteligencia o de represión por parte del Estado. El eje central de la reforma señalará que las Fuerzas Armadas estarán habilitadas para incursionar en cuestiones de terrorismo, incluido el narcoterrorismo. La ministra Bullrich señaló hace pocos días que lo que sucedió en Rosario, cuando sicarios del narcotráfico asesinaron a cuatro personas inocentes para extorsionar al Estado, fue un acto de narcoterrorismo porque buscaba aterrorizar a toda la sociedad. La reforma habilitará también a los militares a responder con violencia las eventuales agresiones violentas del narcotráfico a sus tropas. Funcionarios oficiales señalaron que “la aprehensión en caso de flagrancia está permitida por el Código Penal hasta para los ciudadanos comunes. ¿Por qué no puede estar permitida para las Fuerzas Armadas?”. Se explica: los militares también podrán detener a personas, según la reforma, en caso de encontrarlas cometiendo un delito flagrante. Fuentes cercanas al ministro Petri señalaron que se enviara al Congreso un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior para que tenga el suficiente respaldo legal y político. Esto es: se desestimó cualquier otra vía, como podría ser un decreto de necesidad y urgencia, que evite en este caso al Congreso. La modificación, señalaron funcionarios con acceso a los cambios, se hizo inevitable desde que se envió a las Fuerzas Armadas a Rosario para hacer tareas de apoyo logístico. Los militares quedaron expuestos e indefensos, según el actual estado de las cosas, ante una agresión del narcotráfico. Como Rosario es el caso más iridiscente, pero no el único ni mucho menos de narcotráfico en el país, funcionarios nacionales están convencidos de que es oportuno cambiar parcialmente las leyes que se sancionaron cuando el tráfico de drogas era un fenómeno casi inexistente en el país. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, suele recordar que Rosario no fabrica drogas ni armas y que todo eso le llega desde otras provincias. Javkin subraya, así, que el narcotráfico es un problema nacional de una enorme dimensión. Tiene razón.

En ese contexto, sabe a impolítico e inoportuno el rumor que surge desde cerca de Patricia Bullrich sobre sus discordias con Mauricio Macri por el liderazgo de Pro. Es difícil, si no imposible, que la ministra de Seguridad pueda arrebatarle a Macri el ascendiente que este tiene sobre el partido que fundó el expresidente. Bullrich llegó a Pro mucho después de su fundación, con su propio partido, como una aliada. Se afilió a Pro luego del gobierno de Macri. Sucede que Bullrich está convencida de que es la dueña de los pocos más de seis millones de votos que Juntos por el Cambio sacó en la primera vuelta electoral. Esa idea le es refutada por importantes dirigentes de Pro. “El día que perdió la oportunidad de ir a la segunda vuelta, Patricia se quedó sin ningún voto”, dijo uno de sus principales referentes.

Macri quiere retomar la presidencia formal de su partido porque cree que ahora, después de la cruel guerra civil que protagonizaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Pro debe defender sus ideas y su noción de las formas de hacer política. Las ideas coinciden con las de Milei; las formas de uno y otro no siempre están de acuerdo. No obstante, cerca del expresidente aseguran que este tiene un excelente diálogo con Milei, pero que propuso dos cosas que no se cumplieron todavía. Una es que el Presidente convoque a los gobernadores dialoguistas y les agradezca su trabajo; la otra es que se nombre en las segundas o terceras líneas de la administración a personas con experiencia en la administración pública. “Macri no quiere que gente suya integre el gabinete de Milei, porque sostiene que el que nombra al gabinete es el Presidente, pero también puntualiza que hace falta cubrir cargos importantes debajo de los ministros”, acota un interlocutor asiduo del expresidente. Macri, que inició en estos días un ciclo de clases en la Universidad de Bologna, hacia donde viajará con cierta frecuencia en los próximos tres años, no imagina una fusión entre Pro y La Libertad Avanza en tiempos inminentes, sino un acercamiento hasta que crezca la confianza mutua. “Como sucede en el mundo actual, antes del casamiento debe haber cierta convivencia”, ironizan cerca de él. Esta es la principal disidencia con Patricia Bullrich, quien quiere ser parte de La Libertad Avanza ya mismo. Tal posición le da la razón al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien señaló no bien asumió Milei que Bullrich debía renunciar a la presidencia de Pro si quería ser ministra del nuevo presidente. Una interpretación muy habitual en la política señala que Patricia Bullrich cambió todo lo que fue cuando pasó por la juventud peronista, menos una irrefrenable afición por las disputas internas.

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