Amnistía Internacional le pide al Gobierno una posición “clara y contundente” contra los crímenes en Venezuela

Amnistía Internacional volvió a cruzar al Gobierno a raíz de su decisión de retirar a la Argentina de la demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tramita en la Corte Penal Internacional (CPI). En una carta dirigida al canciller Felipe Solá, lo instó a apoyar públicamente la investigación que sigue la Fiscalía por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país.

La misiva, firmada por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y Érika Guevara Rosas, directora para las Américas, es una respuesta de la organización a los dichos de Solá, quien argumentó que la retirada argentina de la presentación no impedirá que la causa siga su curso.

Ante esta postura, las ejecutivas consideraron “indispensable” que el Estado argentino demuestre un claro compromiso con la verdad, justicia y la reparación de las víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en Venezuela. Además, instaron a que el Gobierno se posicione de manera “clara y contundente” en contra de los crímenes denunciados.

“Valoramos que usted haya reiterado el compromiso del gobierno argentino a la tarea de la Corte Penal Internacional y la disponibilidad para colaborar en el desarrollo de exámenes preliminares e investigaciones, incluyendo declaraciones testimoniales y otras diligencias probatorias”, expresan Belski y Guevara Rosas en el texto.

Pero aclaran: “Si bien el proceso actualmente seguirá su curso, es indispensable que el Estado argentino siga demostrando un claro compromiso con la verdad, justicia y reparación de las víctimas (...) y que se posicione de manera clara y contundente contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela”.

En esa línea, exhortaron al canciller a restituir públicamente el apoyo de la Argentina a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la que describieron como “una de únicas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano”.

La retirada de la Argentina y sus repercusiones

La decisión del Gobierno en relación con la demanda contra Maduro que tramita en La Haya trascendió el miércoles 27 de mayo. Sin embargo, fuentes oficiales afirmaron que la retirada del país de la investigación se oficializó al día siguiente de su salida del Grupo de Lima. “Es una consecuencia de la decisión política de retirarse [de ese grupo]”, dijeron a LA NACION fuentes de Cancillería.

El 25 de marzo, la administración de Alberto Fernández le envió una carta a la sede de la CPI explicando la situación. Recalcó que el retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.

La decisión generó el inmediato rechazo de referentes opositores como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien vinculó el giro de la Argentina en materia de política exterior y el “alineamiento” con Venezuela a la fallida negociación con la farmacéutica Pizer para adquirir vacunas contra el coronavirus.

“El Presidente reafirmó su apoyo al régimen de [Nicolás] Maduro, dejándonos alineados con una dictadura al borde del colapso”, lanzó Bullrich, y añadió: “Y rechaza por cuestiones ideológicas la ayuda de Estados Unidos para vacunar a los argentinos. Esto también explica por qué no tenemos la vacuna de Pfizer”.

Lo propio hizo el expresidente Mauricio Macri, que expresó: “La decisión de Alberto Fernández de priorizar una alianza política con un dictador antes que la vida y los derechos humanos de millones de venezolanos indigna”.