Levantan la suspensión a Ricardo Echegaray, que vuelve a la Aduana
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LA NACION
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, firmó ayer una disposición que ordena levantar las suspensiones preventivas que pesaban sobre el extitular del organismo Ricardo Echegaray, funcionario de planta de la entidad.
"La decisión se enmarca dentro de un nuevo abordaje para la aplicación de medidas preventivas contempladas en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo", informaron fuentes de la AFIP e indicaron que "los lineamientos previstos para tomar esta medida consagran el principio de inocencia".
Marcó del Pont dio intervención a la Dirección General de Aduana, que conduce Silvia Traverso, y en la que se desempeñaba Echegaray. Traverso recibirá al funcionario para determinar cuál será el curso a seguir en los próximos días.
En diciembre pasado, luego del cambio de gobierno, Echegaray se presentó como víctima de una "persecución política" en un escrito dirigido a Traverso, y en el que cargó contra las gestiones de Juan José Gómez Centurión y Diego Dávila. Los acusó de promover "decisiones administrativas y judiciales con el único objetivo de instaurar el lawfare". Pidió también el pago de sueldos adeudados y hasta una medalla por los 25 años de servicio.
En su escrito a Traverso, Echegaray solicitó además que "instruya a los letrados querellantes de la Aduana que cesen en el uso indebido de instrumentos jurídicos y criterios interpretativos desajustados a derecho, destinados a la persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación".
El extitular de la AFIP había sido suspendido, en junio de 2018, sin goce de sueldo como empleado de planta permanente de la Dirección General de Aduanas, por el entonces titular de la Aduana, Diego Dávila.
La suspensión estuvo basada en las múltiples causas que tenía Echegaray en aquel entonces, principalmente el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello en una causa por presunto encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público para proteger a Lázaro Báez en Bahía Blanca, pero que en agosto de 2019 se dispuso su falta de mérito.
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