Recusaciones: inadmisible proyecto oficial

El kirchnerismo ha lanzado en el Senado de la Nación otra propuesta sin pies ni cabeza en el orden jurídico legal, pero a tono con la indeclinable voluntad de atacar el funcionamiento de la Justicia. Aparece como autora de la absurda iniciativa la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista y legisladora de la más íntima confianza de Cristina Kirchner, titular de ese cuerpo parlamentario.

Con el desenfado que la caracteriza, la senadora por Buenos Aires Juliana Di Tullio ya batió palmas por la propuesta de Fernández Sagasti de instituir nuevas causas de recusación de jueces y fiscales por cuestiones de género o de odio. Ha dicho que ninguno de los poderes del Estado actúa con más elasticidad para “repensarse” que el Legislativo. Es obvio que con esas expresiones pretende señalar de forma desdeñosa al Poder Judicial, destinatario casi diario de los denuestos de la facción política que integra, pero también, y más interesante aún, al Poder Ejecutivo, encarnado por Alberto Fernández, el elegido de la propia Cristina Kirchner para el cargo que ocupa.

Las causales susceptibles de conducir a la recusación de jueces deben ser siempre precisas, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de caer en situaciones sumamente peligrosas. No debe distraerse la atención, máxime cuando la propuesta de introducir modificaciones a los códigos que contemplan una materia tan delicada procede del entorno de la vicepresidenta.

Cuando la historia pase revista, emergerá como una curiosidad llamativa que quien por ahora conduce la fuerza gobernante desde la vicepresidencia no ha tenido por objetivo más que asegurarse la impunidad en los gravísimos hechos de corrupción que se le imputan.

El proyecto de la senadora Fernández Sagasti habilita para el instituto de la recusación consideraciones tan subjetivas como que un magistrado “presente falta de perspectiva de género” e indiferencia, por así decirlo, respecto del “uso de discursos de odio”. Bastaría invocar alguna remota exposición o intervención en debates de un juez o fiscal sobre tal o cual política para que alguien interponga una recusación invocando odio, en lugar de aceptarse la discrepancia democrática en relación con las ideas o comportamientos individuales a los cuales se hubiere referido.

Como bien ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juez debe estar “libre de todo prejuicio”, pero esa condición debe surgir de hechos objetivos y no de meros juicios subjetivos de quien o quienes quieran apartarlo de una causa.

Esperemos que la iniciativa no avance en la comisión abocada a su tratamiento o que, en su defecto, sea rechazada en el recinto del plenario de la Cámara alta o, llegado el caso de que fuera girada para su debate en Diputados, se descarte por completo semejante aberración.

En asuntos sobre discriminación, no hay dudas de que el respeto debe alcanzar a todos los géneros, razas y etnias, pero cada uno tiene el derecho de razonar libremente sobre los cambios culturales y sociales que se han precipitado en las últimas décadas, independientes del rigor de un pensamiento único, propio de regímenes autoritarios. Con los extremos a los que pretenden llegar algunos partidarios de la política de la cancelación, cerca estará el día en que se pidan sanciones a quien aspire a sentarse a la diestra de Dios porque eso supondría una desvalorización de lo que significa sentarse a su izquierda.

Lo mejor que podrían hacer las senadoras Fernández Sagasti y Di Tullio es demandar políticas efectivas contra los femicidios y maltratos a mujeres, que han crecido de forma alarmante en la Argentina como consecuencia de las doctrinas abolicionistas, más que garantistas, de Eugenio Zaffaroni y otros juristas enrolados en la inadmisible “escuela penal” del kirchnerismo. Deberían ellas saber bien que la frivolidad con la cual su partido se ha ocupado de prevenir el delito y garantizar la seguridad pública es el motivo principal de la vulnerabilidad que sentimos hoy los argentinos.

Lo demás es retórica pura, y aún peor, si se pretende modificar los códigos de procedimiento y de fondo penales para que sean instrumentos al servicio personal de su jefa política.

Se acaba el tiempo de pretender diseñar una Justicia a la medida de la impunidad.