Los planes sociales superaron el millón de beneficiarios, cuestan $529 millones por día y hasta quienes los reciben reclaman su reformulación
Una investigación de LA NACION demuestra que la asistencia del Estado alcanzó un récord en mayo pasado; preocupación entre los socios del Frente de Todos
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Carolina Stanley tenía una frase de cabecera: la tranquilidad de diciembre se construye durante todo el año. En el gabinete de Mauricio Macri, ese pensamiento la condujo a enfrentamientos con Patricia Bullrich, que cuestionaba la generosidad de la ministra de Desarrollo Social con quienes cobraban un plan en la Argentina y marchaban en contra de la Casa Rosada.
La discusión que se desarrolló en el gobierno anterior queda minimizada a la luz de la nueva realidad. Si bien el macrismo aumentó considerablemente la nómina de personas que reciben plata del Estado, no parecen tantas si se las compara con el salto que anotaron en la gestión del Frente de Todos.
Una investigación de LA NACION realizada a partir de información oficial muestra que la fisonomía de la ayuda que rige hoy en el país incluye un récord: en mayo pasado se superó el millón de personas que reciben un plan social en la Argentina. Es una marca inédita que alarma incluso a los dirigentes sociales que articularon su carrera política administrando esos recursos.
Un plan social es un aporte del Estado a cambio de una contraprestación. Se diferencia de otra clase de asistencia pública, como la Asignación Universal por Hijo o los subsidios a los consumos de luz y gas. En septiembre, representó $14.040 por persona para quienes, en teoría, desarrollan una actividad en la construcción, la industria textil, la producción de alimentos, el reciclado o el cuidado de personas. Cubre alrededor de una quinta parte del valor de la Canasta Básica Total, la divisoria que marca el ingreso de una familia a la pobreza.
Todos los planes sociales se agrupan bajo el nombre Potenciar Trabajo. Es el embudo en el que derivaron denominaciones anteriores como Hacemos Futuro y Proyecto Productivos Comunitarios (Macri) o Argentina Trabaja y Ellas Hacen (Cristina Kirchner).
La gestión de Alberto Fernández puso el mes pasado $15.892 millones para planes en todo el país. Son más de $529 millones por día orientados a mantener la paz social, según uno de los roles que la dirigencia política le asigna a esta clase de asistencia. Representan casi US$3 millones cada 24 horas según la cotización del dólar blue. Y es el equivalente a 280 respiradores nacionales que utilizan clínicas y hospitales para asistir a pacientes graves con coronavirus, o 700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, para ponerlo en perspectiva. Este año se llevarán a razón de 0,5% del PBI, o un 12% del déficit público.
Las cifras anteriores surgen del cruce de datos a partir de documentos que recibió LA NACION en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. La notificación lleva la firma de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita.
El drama de la ayuda social parece recorrer un camino que va hacia arriba más allá de quien conduzca al Estado. Macri, que fue cuestionado por su política asistencialista incluso por el kirchnerismo, creó 256 planes por día en el tiempo que duró su gobierno. En ese lapso crecieron 197% en comparación con lo que había heredado de Cristina Kirchner.
Se entiende el descontento de los “halcones”, como se denomina al sector político más cercano al expresidente. Pese a que la gestión anterior destinó miles de millones a contener reclamos, los movimientos sociales nunca terminaron de creer en el gobierno de Cambiemos.
Alberto Fernández convirtió el techo de Macri en un nuevo piso. Desde que asumió hasta agosto pasado, había sumado 958 beneficiarios cada 24 horas. En términos porcentuales, aumentó más del doble la asistencia.
Explosión de planes
La proliferación de ayuda social es la contracara del fracaso económico. Con Cambiemos, los planes crecieron bajo el paraguas del gradualismo con el que se pretendió resguardar a los sectores menos favorecidos del impacto que tendría sobre ellos el ajuste fiscal para ordenar las cuentas públicas. Pero los brotes verdes que difundía la Casa Rosada nunca se convirtieron en flor, de manera que la ayuda persistió y se amplificó mientras tropezaba la estrategia para estabilizar la economía.
El gobierno del Frente de Todos tiene el argumento de la pandemia, que llevó a una caída de la actividad profundizada por la extensión de la cuarentena y a un deterioro de la economía mundial que fue particularmente hostil en la Argentina.
El equipo de Alberto Fernández que se encarga de la cuestión asistencial pone un asterisco a las cifras de su gestión. El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo intentó contener el crecimiento de los planes mientras duró el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), un subsidio sin contraprestación para nueve millones de personas. Era plata por nada a cambio de soportar la cuarentena. Cuando terminó ese programa -en septiembre de 2020-, explotaron los planes. Sus esquirlas se dejan ver en una hoja de cálculo.
La cantidad de beneficiarios se disparó 14% al mes siguiente de terminado el megaplan de subsidios. El récord del Frente de Todos, dicen en el Gobierno, es poco si se lo compara con el IFE y la delicada situación de la Argentina, donde cuatro de cada 10 personas son pobres.
Fernández, Arroyo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, discutieron sobre el tema varias veces. Es toda una ironía para el titular del Palacio de Hacienda: pese a que convalidó la mayor cantidad de planes sociales de la historia reciente argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner lo cuestiona por llevar adelante un plan de ajuste.
Incluso Máximo Kirchner, habitualmente preocupado por los efectos de las decisiones económicas en un sector clave de su electorado, sigue de cerca la asignación de esos recursos. La asistencia está hermanada con las necesidades políticas, en general.
Después de una etapa de estabilidad en la primera parte del año, los planes dieron en julio pasado otro salto importante, cercano al 12%. Ese mes comenzó formalmente la campaña para las elecciones de medio término.
La Matanza, avanza
El color partidario de la Casa Rosada y la precariedad económica de ciertos distritos aparecen en los detalles finos de distribución del dinero. La provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof y bastión del voto frentetodista, es el destino de al menos uno de cada dos planes. Ese número está por encima de su incidencia económica y poblacional a nivel nacional. Recibió unos $8262 millones el mes pasado.
Allí hay casi 80.000 titulares que representan el 15% de lo que se distribuye en Buenos Aires y el 7% a nivel nacional. Esos números tienen correlación con la cantidad de habitantes.
En La Matanza gobierna el peronismo desde la vuelta a la democracia y es uno de los distritos bonaerenses en los que se impuso el Frente de Todos en las esquivas PASO. Nadie en el país tiene un cheque más poderoso: de los $7348 millones que recibió el Gran Buenos Aires el mes pasado, ese partido se llevó más de $1100 millones.
La ayuda social fue importante también en Santa Cruz, la cuna política del kirchnerismo. Es la provincia que más aumentó el número de titulares entre marzo de 2020 -cuando nació el Potenciar Trabajo- y agosto pasado, si bien desde valores más bajos que otros distritos. Pasó de 588 a 6494, con un aumento del 1004%. La sigue Tierra del Fuego.
La historia reciente de los planes sociales encaja en las piezas del rompecabezas económico argentino. Desde diciembre de 2015 hasta agosto último, treparon más de 500%. En el mismo período, la Argentina se hizo cada vez más chica. Alberto Fernández heredó de Mauricio Macri un producto bruto interno 4% menor, en términos constantes, que el que le había dejado en 2015 Cristina Kirchner. Es probable que el Frente de Todos devuelva las gentilezas en 2023. Si los pronósticos de los economistas se cumplen, el país será ese año apenas 0,9% más grande que cuatro años antes, un número insignificante en comparación con el crecimiento de la población.
Hasta los movimientos sociales piden reformular los planes
Los titulares del plan Potenciar Trabajo pertenecen a movimientos sociales. Los más importantes son la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Los referentes de esas organizaciones defienden la asistencia, pero admiten que debe cambiar.
“Funcionar, funciona… pero tendría que acelerarse más”, observa Juan Alderete, jefe de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y diputado del Frente de Todos. “Nunca termina de ser [trabajo], pero es un paso importante para pensar cómo recuperar la economía y la industrialización del país con trabajo formal”.
Para el dirigente, el programa debería estar asociado a capacitaciones acordadas con distintos actores productivos y educativos. “Junto con este plan se tienen que tratar los problemas estratégicos del país. Si hablamos de una salida laboral transitoria, no vamos a ir nunca hacia el país en el que queremos vivir”, agrega.
Alderete tiene agendada una reunión con el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, para aportar nuevas ideas a la administración de estos recursos. Incluye un borrador con invitaciones a empresarios, universidades, la industria y los sindicatos.
Gildo Onorato es uno de los líderes del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP (La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el organismo en el que milita Juan Grabois. Sostiene que “el Potenciar Trabajo está bien, pero hay que invertir en las experiencias comunitarias de la gente”. Reclama más fondos para atender el costado productivo del programa.
“Hay un millón de personas que recibe el plan, pero más de seis millones que no reciben nada y pertenecen a la economía popular. El camino no puede ser darles Potenciar Trabajo, sino invertir productivamente. La salida no es dar más plan, sino invertir en incentivos para que estos trabajos puedan tener una mayor calidad y un nicho de comercialización en el mercado de la economía popular”, insiste.
Onorato no duda de los controles sobre la distribución del dinero. “Está auditado y se verifican las obras. Siempre pedimos que nos controlen, porque eso nos valida y legitima. Si no, desde la opinión pública se construyen estigmas”, asegura.
La opinión de los movimientos sociales pesa a la hora de tomar decisiones. Es frecuente la demanda por mayor cantidad de cupos, mejoras salariales y bonos que derivan en reclamos en el Obelisco. Uno de los últimos ocurrió en junio pasado, cuando una marea de beneficiarios del plan marcharon por la 9 de Julio en reclamo de un aguinaldo como parte del programa.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos parecen tener posiciones en común con respecto al futuro de los planes. Zabaleta, el reemplazante de Arroyo, insiste en la necesidad de convertirlos en trabajo genuino. Es algo que también había intentado Stanley. La iniciativa tuvo un éxito mínimo: sólo el 6% logró emigrar desde la asistencia a un empleo. En parte, le jugaron en contra los sobresaltos económicos de la gestión anterior.
Zabaleta, por ejemplo, anunció el martes pasado un acuerdo con empresarios de la construcción para incorporar trabajadores que recibieran asistencia. Su desafío es más grande que el de Stanley porque la economía funciona aún peor.
La semana pasada, Sergio Massa presentó un proyecto con la misma intención. El ala kirchnerista en el Congreso acompaña ese objetivo. No sólo por la preocupación de que los planes se conviertan cada vez más en un elemento de desequilibrio económico. También los inquieta que el crecimiento de las organizaciones sociales dispute con más fuerza a la política la representación de un electorado históricamente peronista.
Cómo hicimos la investigación
Analizar el peso y la evolución de la ayuda social en la Argentina es determinante para entender la compleja realidad económica que atraviesa el país, algo que parece no discriminar el color político de los gobiernos. Esa curiosidad desató este trabajo, que a su vez continúa publicaciones anteriores. El objetivo era conocer información precisa sobre los planes sociales en el país, que históricamente tienden a confundirse con otra clase de ayuda estatal.
El primer paso fue determinar las preguntas adecuadas para hacer un pedido de información bajo la ley 27.275. Esto surgió a raíz de los cambios que implementó el gobierno en la administración y reglas de los planes sociales. Así obtuvimos información completa y precisa por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que respondió en los tiempos previstos en la normativa.
Una vez que obtuvimos los datos sobre el Potenciar Trabajo en formato Excel, comenzamos a analizarlos y a “preguntarle” a la base todas las inquietudes que teníamos. Revisamos 20 columnas y 1638 filas. Eran 32.759 celdas. Las conclusiones que surgieron de allí son la mayor parte de esta nota. Pudimos conocer la variación mensual que existió en la nómina federal y provincial de titulares y el porcentaje que representa cada provincia y los distritos del Gran Buenos Aires (GBA) en el total de los beneficiarios. También comparamos la cantidad de personas que reciben el plan con la cantidad de habitantes por provincia y los municipios de GBA.
Cruzamos los datos de la cantidad de titulares con el monto estipulado por el plan para establecer cuánto dinero desembolsó el Gobierno mensualmente para llevar adelante el programa. Y proyectamos lo destinado durante septiembre en base al último dato oficial de la cantidad de titulares, que es de agosto, y al monto del plan del noveno mes del año.
También analizamos la variación anual de la cantidad de beneficiarios entre diciembre 2015 y agosto 2021 para conocer cuántos nuevos titulares se agregaron por día durante el gobierno de Macri y Fernández.
El trabajo de datos se complementó con entrevistas a diversos actores que forman parte del entramado social argentino. Algunos de ellos están citados en esta nota, otros aceptaron hablar bajo la condición de mantener su nombre en reserva.
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