Jubilaciones: qué dicen los proyectos sobre movilidad de haberes que se debaten en el Congreso
En Diputados hay cuatro iniciativas que buscan modificar o complementar lo ya dispuesto por el DNU 274 y el miércoles próximo se emitiría un dictamen de comisiones; como es el esquema actual de transición entre una fórmula y otra
LA NACION
El período de empalme entre dos fórmulas de movilidad de las jubilaciones del sistema general gestionado por la Anses está justo a mitad de su camino. Según lo establecido por el DNU 274, en el trimestre actual a los haberes se les aplican reajustes mensuales y por inflación: en abril, el índice de precios de febrero, al que se le adicionó un 12,5% para completar una suba de 27,4%; en mayo, el índice de marzo, y en junio, el de abril. Y, como es un sistema de transición, se previó que para el sexto mes del año se compare el incremento acumulado en el trimestre con el resultado de la fórmula de la ley 27.609, para que, si este segundo índice fuera el mayor de los dos (una situación que, según ya se sabe, no será posible), se compense a los jubilados con un alza adicional. Desde julio regirá el mecanismo de reajustes por inflación ya de manera plena.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se da un debate para avanzar con un proyecto de ley que los legisladores de la oposición buscan que llegue al recinto. El miércoles próximo, 15 de mayo, habrá un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, para intentar la firma de un dictamen.
¿Qué dicen los proyectos en danza, más allá del texto de la iniciativa presentada por el oficialismo, que solo busca convertir en ley lo ya dispuesto por decreto de necesidad y urgencia?
En la iniciativa de la UCR y Hacemos Coalición Federal, el esquema propuesto es de reajustes mensuales de los haberes siguiendo la inflación informada por el Indec, con un eventual aumento adicional de carácter anual, que se efectivizaría en marzo de cada año y que dependería de cómo le vaya al índice de salarios Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables): si este indicador sube por arriba de la inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 30% de la diferencia (si, por ejemplo, la suba de precios de un año fuera de 100% y la de salarios, de 110%, las jubilaciones recibirían un 3% adicional, según explicó el diputado Martín Tetaz).
También se propone una suba extra a la de 12,5% (que fue dispuesta por el Gobierno para abril en exceso del índice de inflación de febrero), para completar un 20,6%, que fue la inflación de enero. Y se busca garantizar un ingreso mínimo equivalente a la canasta básica total con cuyo valor el Indec mide la pobreza (actualmente sería de $250.286 y no se habilitaría la cláusula, porque el haber mínimo más el bono suman $260.141). Además, según el proyecto se les exigiría a los gobiernos presentar un informe anual sobre la sustentabilidad de los diferentes subsistemas jubilatorios que están bajo la administración de la Anses (el texto define todos los ítems sobre los cuales se tendría que informar en un documento que debería analizar una comisión bicameral y que debería ser público).
Según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), ese proyecto supondría un gasto equivalente al 7,57% del PBI este año, en tanto que implementar el DNU vigente implica, según la proyección, una erogación del 7,14% del producto, un 0,31% más que el gasto que hubiera significado darle continuidad sin más a la fórmula del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El proyecto del Pro (del cual aún no hay informe sobre el costo fiscal) busca ratificar el DNU e incorporar la cláusula del eventual incremento extra anual, ya descripta, según la variación de los sueldos. Es decir, si los salarios crecen en términos de poder adquisitivo, se les da una suba adicional a las jubilaciones y pensiones. El texto incluye un alza de 7,21% sobre los haberes de marzo, para complementar el 12,5% de abril y convertirlo en 20,6%. Ese reajuste no sería inmediato, sino en 12 cuotas, con subas de 0,6% cada mes.
Según el proyecto presentado por diputados de la Coalición Cívica, la actualización más próxima a otorgarse desde la eventual aprobación de la ley -que sería por inflación- debería incluir, a manera de complemento, directamente un alza de 20,6% (equivalente a la inflación del primer mes del año)
La propuesta de Unión por la Patria consiste en volver a la fórmula del gobierno anterior, basada en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos. Esta vez, el proyecto del kirchnerismo no incluye un tope a los aumentos, como el que se incluyó en la última ley promovida por este espacio político, y que fue aplicado en diciembre de 2023 profundizando el derrumbe del valor real de los ingresos de los jubilados. Por ese tope, aprobado en la normativa votada a fines de 2020, en el último mes del año pasado se dio una recomposición de solo 20,87%, en lugar de una suba de entre 28% y 29% que determinaba el cálculo.
Con esa fórmula conviviría un sistema de “anticipos de movilidad” mensuales, que se guiarían por la inflación. Este proyecto, que contempla también una suba extraordinaria de 30% para los haberes, adicionaría un costo fiscal de 1,86 puntos porcentuales del PBI al previsto por el DNU 274, algo inviable para el oficialismo, porque desde el kirchnerismo no se propone nada para financiar esa diferencia.
La OPC también evaluó el impacto de afrontar los pagos previsionales según lo que propuso el Frente de Izquierda (FIT) y lo ubicó en 21,5% del PBI, 14,36 puntos por arriba del efecto de instrumentar lo establecido por el DNU 274. En este caso, la iniciativa tiene propuestas para amortiguar el impacto, pero aun considerando esas medidas (principalmente subas en los aportes y contribuciones del sistema laboral), el efecto fiscal excedente sería de 7,85 puntos.
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