Energía: otra pelea entre el Gobierno y Cambiemos en el ente regulador
LA NACIONSofía Diamante
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que está intervenido desde hace un año tras la suspensión de las funciones del presidente y de todo el directorio, declaró nulo hoy el nombramiento de esos funcionarios, que habían sido elegidos por concurso durante la gestión anterior. Esta acción generó críticas de parte de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, que la tildaron de "vergonzoso".
Según indicó el ENRE a través de un comunicado, "a raíz de la auditoría llevada a cabo por la intervención desde marzo de 2020, se pudo verificar que los concursos por los cuales se designaron directores y directoras del Ente durante la gestión de la Alianza Cambiemos adolecieron de graves irregularidades que requieren su anulación".
En el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), por su parte, también dijeron que harán una revisión y una auditoría para revisar cómo fueron seleccionados los anteriores directores.
En 2017, el gobierno de Macri llevó adelante un concurso para regularizar la situación de los entes de control de los servicios de electricidad y de gas, que habían estado intervenidos durante 10 años, desde 2007. Los presidentes elegidos entonces fueron Andrés Chambouleyron y Mauricio Roitman, respectivamente.
Los actuales interventores, Soledad Manín (ENRE) y Federico Basualdo (Enargas) -que fueron designados por un decreto del presidente Alberto Fernández- criticaron que sus antecesores elegidos por concurso fueron previamente parte del equipo de Juan José Aranguren cuando este era ministro de Energía y Minería: Chambouleyron fue subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria y Roitman, subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos.
Sin embargo, sus pliegos habían pasado por un consejo consultivo -integrado por los exsecretarios de Energía Emilio Apud, Julio César Aráoz, Alberto Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco- y por el Congreso, donde no hubo objeción de la comisión bicameral. Lo mismo ocurrió con los miembros de los directorios de ambos organismos.
El ENRE dijo hoy que en los concursos se "incurrió en vicios graves que convirtieron esos actos en nulos de nulidad absoluta". Señaló que una de las irregularidades observadas fue "la falta de publicidad plena y una cuestionable transparencia durante los procedimientos, particularmente en la integración de los órganos de selección y la arbitraria modificación de criterios de elegibilidad".
Además indicó que "el deber primario del funcionario público, según lo establece el Código de Ética, es el de lealtad con su país. Sin embargo, Andrés Chambouleyron, expresidente del directorio del ENRE, ha participado en arbitrajes internacionales en calidad de experto por diferentes demandantes contra la República Argentina, en la causa Azurix Corp. C. República Argentina (Ciadi N° ARB/03/30) y Daimler Chrysler Financial Services AG c/República Argentina (Ciadi N° ARB/05/1)".
Esta acusación ya la había realizado el Frente para la Victoria en 2016 , cuando el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó su primer informe ante la Cámara de Diputados y se le preguntó por Chambouleyron. En ese entonces, el gobierno de Macri indicó que el funcionario no había sido testigo de las empresas sino perito de parte en la tasación de las inversiones hechas por las empresas.
"Esto es vergonzoso. Una interventora puesta a dedo se arroga el derecho de declarar nulos concursos de directores con muchos más antecedentes que ella y cuya designación cumplió con todos los procedimientos. Y usan la 'lealtad al país' como argumento", criticó en Twitter Nicolás Gadano, exdirector general del Banco Central durante la administración Macri y especialista en temas energéticos.
Otro exfuncionario de Cambiemos indicó en off the record: "Un interventor resuelve anular un decreto del presidente que tuvo la aprobación del Congreso siguiendo el procedimiento establecido en la ley".
Y señaló que "en cualquier caso, el cuestionamiento se refiere a la Secretaría de Energía y eventualmente a otros órganos del ejecutivo y no a las personas designadas". "Además, los actos administrativos solo pueden revisarse ante la Justicia de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos", agregó.
Por Sofía Diamante
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