Obras públicas: las empresas reclaman una deuda millonaria

CÓRDOBA.- Tras el freno de la obra pública, los indicadores de la construcción se derrumban: bajó 23,1% en el primer bimestre, según datos de Indec, y el índice Construya muestra que en marzo la demanda de insumos está 40% debajo en la comparación interanual.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción indican que hay 100.000 trabajadores suspendidos (para las pymes, esa cifra es hasta 50% más si se incluye a los informales) y unas 3.000 obras paradas en todo el país.

Desde el Ministerio de Economía -que absorbió cuatro de las cinco secretarías que dependían de Infraestructura- indicaron a LA NACION que “se prioriza terminar con obras estratégicas que tengan que ver con seguridad vial, cárceles, control de inundaciones, y que, a su vez, sean de envergadura e importancia nacional”.

Las fuentes no dieron datos oficiales sobre cuántas obras están paralizadas, qué cantidad son financiadas solo por la Nación ni cuándo el Gobierno estaría en condiciones de volver a hablar sobre el tema y reiniciar trabajos. “Se están haciendo todos los relevamientos; en breve saldremos a informar oficialmente”, indicaron.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló a este diario que el sector “forma parte del ajuste fiscal”. Detalla que desde la asunción del presidente Javier Milei no cobraron ni un peso; la deuda facturada estimada es de $200.000 millones. El cálculo es de unos 100.000 trabajadores suspendidos. Para los empresarios, son 3.000 las obras afectadas en todo el país.

“Las provincias más grandes están tratando de continuar con las obras -añadió-. No es el mismo ritmo, pero tratan de sostener trabajos que son importantes y que también implican mano de obra, empleo”.

En Córdoba, por ejemplo, el gobernador Martín Llaryora insiste en que no frena la obra pública para “preservar los puestos de trabajo”. En diferentes apariciones subrayó que hará “lo imposible” para sostenerla.

Su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le pidió a la Nación que le ceda algunos proyectos para hacerlos bajo el esquema de Participación Pública Privada; básicamente son obras de vialidad como el mantenimiento del tramo Rosario-Santa Fe y Crespo-Avellaneda de la ruta 11 y la recuperación de trayectos de la ruta 178.

En marzo, la partida de gasto de capital cayó 84,3% en términos reales, según el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). En el acumulado del primer trimestre del año, las erogaciones totales de la administración nacional se redujeron 30,6% interanual en términos reales con los gastos de capital en segundo lugar, con un achicamiento del 83,4% interanual.

En una reunión con integrantes del Foro de Intendentes e Intendentas Radicales, el bonaerense Axel Kicillof destacó que el Gobierno “ha paralizado la obra pública y cortado drásticamente las transferencias a las provincias: el ajuste que está llevando adelante ya impacta en cada municipio en el que cierran las pymes y se deterioran los ingresos”.

Empresario pymes que trabajan más en obras provinciales, indicaron a este medio que los gobernadores “atienden el teléfono, pero en general vienen lentos porque tampoco tienen recursos”. La referencia es a la caída de recaudación provincial y en la coparticipación. Ese mismo sector entiende que los suspendidos son más de 100.000.

Un dato clave es que las empresas que tenían obras en ejecución están “cuidándolas”, no las abandonan para que no se vandalicen ni se roben lo realizado.

En campaña, Milei dijo que avanzaría en un modelo “a la chilena” que incluye licitaciones y concesiones. Hace unos meses, Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas de Chile, dijo a este diario: “El Estado no se retiró de la obra pública -precisó-, los privados tienen una participación muy importante a través de concesiones, un esquema que ya lleva 30 años y eso permite liberar recursos públicos para otras iniciativas, por ejemplo, caminos en zonas alejadas, rurales”.